Boletos, viajes, pagos personales y hasta niñeras: el catálogo de favores privados que desató indignación en México

La Corte como "asistente de lujo": revelan privilegios de exministros pagados con dinero del pueblo
La Corte como "asistente de lujo": revelan privilegios de exministros pagados con dinero del pueblo Créditos: Presidencia

Una lista presentada desde Palacio Nacional expuso que dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) operaba una estructura de servicios privados financiados con recursos públicos para atender la vida personal de ministros y ministras. La revelación provocó indignación y reavivó el debate sobre los privilegios en el Poder Judicial. Por lo tanto, lo que parecía un rumor se convirtió en evidencia oficial. 

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La presidenta Claudia Sheinbaum mostró una diapositiva con 59 apoyos que ya fueron cancelados por carecer de justificación institucional. La propia Corte reconoció que estos servicios existían dentro del área de Atención a Ministras y Ministros, una oficina que, según lo exhibido, funcionaba como una especie de "concierge" al servicio de la élite judicial.

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Un catálogo de lujos disfrazados de trámites

El documento presentado revela que el personal de la Corte gestionaba servicios básicos en domicilios particulares, como agua, luz, gas, telefonía celular y televisión de paga. También realizaba compras de alimentos, despensa y flores, así como reservaciones en hoteles, restaurantes y estancias vacacionales.

Entre los rubros más llamativos aparecen la compra de boletos de avión y de espectáculos, acceso a preventas exclusivas, obtención de autógrafos de artistas y adquisición de regalos para eventos privados. Además, se reportó el uso de vehículos oficiales para asistir a celebraciones personales.

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SS La lista de los privilegios cancelados.

Servicios personales con recursos del Estado

La lista incluye gestiones que van más allá de lo administrativo. Se documentaron trámites para el pago de tarjetas bancarias, operaciones con tiendas departamentales, gestiones con American Express, recuperación de contraseñas digitales y verificación vehicular de automóviles particulares.

Incluso se registraron apoyos para recuperar objetos retenidos en aduanas, gestionar importaciones privadas y traer artículos exclusivos del extranjero, actividades completamente ajenas a las funciones del Poder Judicial.

El personal de la Corte también habría intervenido en asuntos familiares. Entre los servicios detectados se encuentran inscripciones escolares, pago de colegiaturas y solicitudes de becas para hijos de ministros. Asimismo, se gestionaron apoyos médicos para familiares y traslados de personal de salud a domicilios particulares durante la pandemia.

En la lista aparecen solicitudes para conseguir camas hospitalarias "para personas que se indiquen", una práctica que, según especialistas, podría implicar trato preferencial frente a ciudadanos comunes.

Reparaciones domésticas y uso de personal público

Los privilegios también incluían trabajos domésticos: reparación de electrodomésticos, mantenimiento de elevadores privados, pintura, jardinería, drenaje y electricidad. Además, se activaban traslados urgentes de objetos personales olvidados y apoyo logístico en mudanzas.

Uno de los puntos más delicados es la asignación de trabajadores públicos para realizar guardias en domicilios particulares o cuidar menores de edad, lo que implica el uso directo de recursos humanos del Estado para fines privados.

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Privilegios bajo revisión

En materia de movilidad, se documentaron traslados de familiares y amistades, préstamos de vehículos oficiales a parientes y transporte de objetos personales por todo el país.

De acuerdo con la información oficial, de 149 trámites detectados, 59 ya fueron cancelados, mientras que los otros 90 permanecen en revisión.

Sheinbaum afirmó que estos hechos evidencian una estructura de privilegios financiada con dinero público, contraria a los principios de austeridad. La revelación llega en medio del conflicto político por la reforma judicial, pero la polémica va más allá del debate político.

Para millones de mexicanos que pagan sus servicios y resuelven sus trámites sin apoyo del Estado, esta lista representa una distancia profunda entre la vida cotidiana de la ciudadanía y los beneficios de la élite judicial.

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