DARÁN CONFERENCIA
Tras polémica, ministros de la SCJN renuncian a camionetas de lujo; las devolverán
Luego de la polémica por el costo de camionetas Jeep, los ministros de la SCJN decidieron no utilizarlas y solicitaron iniciar el proceso para devolverlas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que sus nueve ministros decidieron no utilizar las camionetas recientemente adquiridas y solicitar el inicio del proceso para su devolución, tras la controversia pública generada por el costo de los vehículos y su aparente contradicción con los principios de austeridad que rigen al máximo tribunal.
El anuncio se realizó este domingo 25 de enero, a través de un mensaje difundido en redes sociales oficiales de la Corte. En él, el Pleno informó que los ministros acordaron renunciar a las unidades y pidieron formalmente "que se inicie el proceso correspondiente para la devolución" de los vehículos.
En el mismo posicionamiento, la SCJN abrió la posibilidad de que, si la normativa lo permite, las camionetas sean reasignadas a otros juzgadores del país que enfrenten condiciones de mayor riesgo en el ejercicio de sus funciones, siempre bajo criterios legales y administrativos vigentes.
"O, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable", señaló el tribunal.
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El origen de la polémica
La controversia surgió luego de que se diera a conocer la compra de camionetas Jeep Grand Cherokee destinadas a los nuevos ministros del alto tribunal, electos por voto popular en junio de 2025. Cada unidad fue valuada en alrededor de 1.7 millones de pesos, sin considerar eventuales costos adicionales como blindaje, lo que generó críticas por el contraste con el discurso de austeridad institucional.
Diversos sectores cuestionaron que, en un contexto de ajustes presupuestales y llamados al uso responsable de recursos públicos, se adquirieran vehículos de alta gama para los integrantes de la Corte.
La postura de la SCJN
Ante los señalamientos, la Corte sostuvo inicialmente que la renovación del parque vehicular respondió a criterios técnicos de seguridad, respaldados por opiniones de autoridades federales. Según esta explicación, las unidades que se encontraban en uso ya no cumplían con estándares adecuados, por lo que su sustitución era necesaria como medida preventiva y de protección institucional.
El máximo tribunal también indicó que la compra se realizó con base en una normativa interna emitida en 2019, la cual establece la sustitución periódica de este tipo de vehículos cada cuatro años o antes, si las condiciones de seguridad así lo requieren. Además, afirmó que el proceso se llevó a cabo en paralelo a una reducción general del parque vehicular, con el objetivo de no generar un gasto adicional.
La intervención de Claudia Sheinbaum
La discusión escaló al ámbito político cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema. El viernes previo al anuncio de la SCJN, la mandataria justificó la adquisición al asegurar que se trató de una decisión que generó un ahorro significativo para el erario.
Según explicó, el cambio de un esquema de renta de vehículos por la compra directa de las unidades permitió un ahorro superior a los 1,000 millones de pesos. La presidenta detalló que esta información surgió tras una revisión administrativa encabezada por la Secretaría de Gobernación.
Compromiso y próximos pasos
En su mensaje más reciente, la Corte reiteró su postura frente al uso de recursos públicos y subrayó su compromiso institucional:
"Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera".
Asimismo, el tribunal informó que ofrecerá una conferencia de prensa el lunes a las 8:30 horas, en la que se darán a conocer más detalles sobre la decisión, el procedimiento de devolución y las implicaciones administrativas del caso.
La determinación de los ministros busca cerrar un episodio que colocó a la SCJN en el centro del debate público y reafirmar su intención de actuar con responsabilidad financiera y transparencia ante la ciudadanía.
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