- 07 de enero de 2026
La conductora huyó tras arrastrar por varias calles a un repartidor. Si la Fiscalía acredita dolo, el caso podría dejar de ser un "accidente" y convertirse en homicidio doloso.

La muerte de Roberto Hernández, motociclista de 52 años, no solo expuso la violencia vial que enfrentan diariamente repartidores y conductores de motocicleta en la Ciudad de México, sino también las grietas del sistema de procuración de justicia cuando la persona señalada como responsable huye.
El caso, ocurrido en Iztapalapa, ha detonado una exigencia social y legal: que el delito deje de investigarse como un accidente y sea tratado como un homicidio con dolo.
Mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta la carpeta de investigación bajo la figura de homicidio culposo por tránsito de vehículo, la presunta responsable —identificada extraoficialmente como Gaby "N"— continúa sin ser localizada.

La noche del atropellamiento: cómo ocurrió el arrastre mortal
Los hechos se registraron la noche del 3 de enero, después de las 22:00 horas, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, dentro de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Roberto Hernández circulaba en su motocicleta rumbo a recoger a su pareja del trabajo cuando fue impactado por la parte trasera por un automóvil compacto.
El golpe no fue el final. Tras el impacto, el cuerpo del motociclista quedó atrapado debajo del vehículo, un Honda City color azul, que continuó avanzando por varias calles. Las grabaciones de cámaras de vigilancia muestran que el automóvil recorrió un tramo considerable hasta llegar al cruce de Francisco Mujica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, donde un tope permitió que el cuerpo fuera liberado.
Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, provocaron indignación inmediata y dieron pie a versiones falsas que intentaron criminalizar a la víctima. Familiares y personas cercanas desmintieron esas narrativas: Roberto no tenía antecedentes penales y trabajaba activamente como repartidor.
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El vehículo abandonado y las primeras diligencias
Dos días después del atropellamiento, el 5 de enero, vecinos de la colonia Ciudad Lago, en el municipio de Nezahualcóyotl, alertaron sobre un automóvil abandonado. Se trataba del Honda City azul implicado en el hecho.
El vehículo presentaba daños visibles en la parte frontal, la cajuela abierta y la ausencia de placas de circulación. Su aseguramiento se realizó mediante un operativo conjunto entre la FGJCDMX y la Fiscalía del Estado de México, con el objetivo de robustecer la investigación y establecer responsabilidades.

Quién es Gaby "N", la mujer señalada como conductora
Aunque la Fiscalía no ha confirmado oficialmente su identidad, información difundida de forma extraoficial señala a Gaby "N", de 43 años, como la presunta conductora del automóvil. Se le atribuye formación en Enfermería, estudios en Enfermería Obstétrica y una maestría en Administración de Hospitales, además de haber trabajado en el Hospital Juárez de México.
Testimonios recopilados por el periodista Carlos Jiménez indican que, tras el atropellamiento, la mujer llegó a su domicilio visiblemente alterada, permaneció solo unos minutos, tomó pertenencias y se retiró. Se presume que antes de abandonar el vehículo retiró las placas.
Sin embargo, videos difundidos posteriormente por Oswaldo Muller muestran una versión distinta: en ellos se observa a la mujer llegando a su casa con aparente normalidad y estacionando el vehículo dentro del inmueble. Estas imágenes refuerzan la hipótesis de que ella iba al volante al momento del atropellamiento.
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Qué penas contempla la ley por este tipo de delito
El Código Penal de la Ciudad de México establece distintos rangos de sanción dependiendo de la calificación jurídica del delito.
Si el caso se mantiene como homicidio culposo por tránsito de vehículo, la pena oscila entre 3 y 8 años de prisión, además de la suspensión de la licencia de conducir. No obstante, el artículo 140 prevé un aumento de la condena hasta 13 años cuando concurren agravantes como huir del lugar de los hechos, no prestar auxilio a la víctima o conducir de manera imprudente.
El escenario cambia radicalmente si la Fiscalía logra acreditar dolo. Esto implicaría demostrar que la conductora fue consciente de que arrastraba a una persona y aun así decidió continuar su trayecto. Bajo esa hipótesis, el delito se reclasificaría como homicidio doloso, con penas que van de 8 a 20 años de prisión, conforme al artículo 123 del mismo código.
A ello podría añadirse una sanción por omisión de auxilio, que contempla multas adicionales, así como la imposición de prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga, condición que actualmente se actualiza debido a que la presunta responsable no ha sido localizada.

La exigencia de justicia y la presión social
Durante los servicios funerarios de Roberto Hernández, la indignación se transformó en una exigencia directa al Estado. Familiares, amigos y miembros de la comunidad biker pidieron que el caso no sea tratado como un accidente vial más.
"Exigimos que el delito no sea considerado homicidio culposo, sino que se reclasifique a homicidio doloso para que la sanción sea proporcional a la gravedad de lo ocurrido", expresó uno de sus familiares.
Desde el 5 de enero, motociclistas y repartidores de plataformas digitales han realizado movilizaciones para exigir justicia, subrayando que el caso refleja un patrón de impunidad cuando las víctimas son trabajadores de la vía pública.
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