SE UNEN LOS 32 ESTADOS
Acuerdo Nacional contra la Extorsión: ¿al fin se acabarán los cobradores de piso?
El nuevo Acuerdo Nacional contra la Extorsión promete unificar leyes, fortalecer fiscalías y renovar el 089 para enfrentar el delito que más crece en México.
La extorsión lleva años colándose en mercados, tienditas, restaurantes, transportistas y prácticamente cualquier rincón donde la economía respira. Se ha convertido en un impuesto criminal que nadie avaló y que millones pagan. Es el delito que irrita, asfixia y empobrece. El que transforma a los negocios en ruletas del miedo.
Y justo por eso el nuevo Acuerdo Nacional contra la Extorsión no sólo aterriza como noticia, sino como una pregunta gigantesca: ¿por fin se enfrentará este fenómeno con la fuerza que exige?
La respuesta empieza a tomar forma en Palacio Nacional, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 8va Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil. Una reunión que, más que protocolo, sonó a punto de giro.
Ahí, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, puso sobre la mesa un diagnóstico duro y un plan que intenta cerrar cada brecha institucional que ha permitido que el delito crezca.
Y lo hizo con números fríos y contundentes. La coordinación federal y estatal ha llevado, según explicó, a la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, lo que contribuyó a una reducción del 37 por ciento del promedio diario de homicidios dolosos. Pero si algo brilló como alarma en medio de los avances fue la extorsión.
García Harfuch recordó que desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el 6 de julio, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas al 089, además de más de 600 detenciones relacionadas con este delito en 22 estados. Pero también reconoció el tamaño del desafío:
"Somos conscientes que uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos es la extorsión".
La preocupación no es nueva. Lo nuevo es la promesa de reorganizar todo el andamiaje institucional para responder mejor. Así nació el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, definido por el propio secretario como "un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales".
Un mapa nacional para combatir el cobro de piso
El acuerdo busca lo que nunca antes se había consolidado: una coordinación total. No sólo entre estados y federación, sino también entre fiscalías, legislaturas locales, policías y sistemas de denuncia.
García Harfuch detalló que el acuerdo "establece la armonización legislativa en los estados, la creación de áreas especializadas en las fiscalías y en el caso donde ya existan, su fortalecimiento; el fortalecimiento de la operación del 089, y la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito".
Esto significa que sin importar si una víctima denuncia en Chiapas, Chihuahua o la CDMX, el proceso deberá seguir los mismos criterios técnicos y la misma metodología. No más laberintos legales que favorecen la impunidad. No más vacíos normativos que permiten que el delito se persiga sólo cuando la víctima pone en riesgo su propia vida para denunciar públicamente.
El secretario insistió en que este acuerdo dará "mayor certidumbre" a las víctimas y consolidará un "enfoque nacional" para que todas las entidades "actúen con criterios uniformes y herramientas equivalentes".
El objetivo mayor: que la extorsión se persiga de oficio en todo el país.
Una medida que actores económicos habían exigido por años, pues en muchos estados denunciar significaba exponerse al agresor sin garantía de acompañamiento real.
El contexto: un delito que no ha dejado de crecer
El anuncio del acuerdo llega después de un informe federal donde la extorsión aparece como el único delito de alto impacto al alza, con un crecimiento de 23.1 por ciento. Pero el panorama no es totalmente gris: desde julio, tras el lanzamiento de la estrategia nacional, las denuncias bajaron 20 por ciento, un efecto atribuido al fortalecimiento del 089 y a la atención inmediata.
La Presidenta Sheinbaum reconoció recientemente la gravedad del problema y adelantó que, tras la aprobación de la nueva ley que permite perseguir la extorsión de oficio, se reuniría con gobernadores para homologar la legislación en todo el país.
Un paquete de acciones que busca cerrar grietas
Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se aprobaron 11 acuerdos por unanimidad. Muchos de ellos funcionan como piezas del mismo engranaje. Entre los más relevantes destacan:
- Fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión
- Actualizar los ejes estratégicos y programas prioritarios
- Establecer criterios del FASP, FOFISP y FORTAMUN para 2026
- Aprobar los lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva
- Incorporar la Base Nacional de Personas Desaparecidas al Sistema Nacional de Información
- Actualizar certificación policial y Centros de Justicia para las Mujeres
- Ajustar estatutos del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Son medidas que buscan cerrar fugas institucionales y ordenar un sistema que, por décadas, ha funcionado con desarticulación intermitente.
Marcela Figueroa Franco, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pidió a gobernadores presentar las reformas necesarias para homologar la tipificación del delito antes del último día hábil de enero de 2026, lo cual presiona a las entidades a moverse rápido.
La Fiscalía también entra en una nueva etapa
Otra protagonista del evento fue la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, quien expuso un "plan estratégico de procuración de justicia" y expresó que se trabajará para "construir una Fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados."
Entre sus ejes resalta la modernización de la Agencia de Investigación Criminal, que será orientada hacia delitos de alto impacto como la extorsión. Una medida que puede convertirse en músculo operativo clave para el nuevo acuerdo.
¿Y los cobradores de piso? ¿Esto los frena?
El Acuerdo Nacional contra la Extorsión no promete magia. No anuncia que el 1 de enero desaparecerán los cobros de piso ni que los grupos criminales se disolverán como vapor. Pero sí configura un escenario distinto: uno donde denunciar ya no es una odisea, donde la persecución ya no depende del humor político local y donde la coordinación nacional tiene dientes.
El blindaje institucional puede convertirse en una muralla que antes no existía.
La extorsión prospera cuando hay grietas. El acuerdo pretende sellarlas:
Unificar criterios para que los ministerios públicos actúen igual en todo el país
- Garantizar que la víctima no tenga que enfrentarse sola al sistema
- Brindar al 089 mejor tecnología y más capacidad operativa
- Profesionalizar y fortalecer fiscalías locales
- Perseguir el delito de oficio para romper el miedo a denunciar
Si estas acciones se despliegan con consistencia, los cobradores de piso perderán terreno. Ese es el horizonte que busca este plan.
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Protección civil también eleva su guardia
Aunque la atención se concentró en la extorsión, la sesión abordó temas de protección civil. Laura Velázquez Alzúa destacó avances como la actualización del Atlas Nacional de Riesgos y la participación histórica de más de 60 millones de personas en simulacros nacionales. También anunció una modernización del Sistema Nacional de Alertas, que ampliará notificaciones a eventos como lluvias, inundaciones y actividad volcánica.
Un país seguro no sólo combate el delito; también reduce vulnerabilidades ante desastres. La visión integral del gobierno apunta en esa dirección.
¿Será suficiente?
El Acuerdo Nacional contra la Extorsión representa una oportunidad histórica. Pone en la mesa reformas estructurales que el país ha pospuesto durante años. El miedo cotidiano que viven miles de comerciantes no se resolverá con discursos, pero sí puede comenzar a disolverse cuando el Estado opera como un solo cuerpo.
Las palabras de García Harfuch resumen la apuesta:
"Es por ello que hoy presentamos ante este Consejo el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales".
El tiempo dirá si este paso abre un camino o se queda en intento. Por ahora, el país observa, expectante, si este frente común será suficiente para que esa sombra llamada extorsión deje de gobernar barrios enteros.
Porque lo que está en juego no es sólo seguridad: es el derecho a trabajar sin miedo. Y eso, en México, ya es una urgencia nacional.
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