"No queremos que estén aquí": Grecia Quiroz solicita a Harfuch no enviar policías que extorsionen a la gente de Uruapan

La tensión en Uruapan volvió a situarse en el centro del debate público luego de nuevas denuncias por presuntas extorsiones cometidas por elementos estatales y federales. La presidenta municipal, Grecia Quiroz, lanzó un mensaje firme dirigido al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tras las repetidas inconformidades de automovilistas, transportistas y habitantes que aseguran haber sido víctimas de detenciones irregulares, cobros indebidos y revisiones arbitrarias.

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La solicitud directa de Grecia Quiroz a Harfuch

Durante una entrevista, la alcaldesa hizo un pronunciamiento que marcó un nuevo posicionamiento de su administración frente a las corporaciones enviadas al municipio. Al relatar que ya estableció comunicación con el secretario de Seguridad, enfatizó el mensaje que le transmitió: 

"Le he pedido al secretario Omar que, que si estas corporaciones vienen, lejos de apoyar, a extorsionar, realmente no queremos que estén aquí".

La frase fue recibida por la ciudadanía como un posicionamiento contundente ante la preocupación creciente por el actuar de agentes federales y estatales. Asegura que a lo largo de las últimas semanas, vecinos y trabajadores del transporte han señalado que los operativos implementados en carreteras y accesos al municipio han sido utilizados para intimidar y cobrar dinero a cambio de permitir el paso.

Denuncias que reavivan el malestar ciudadano

Las acusaciones no son nuevas, pero sí se han intensificado. De acuerdo con los reportes recopilados por la alcaldía, automovilistas y transportistas coincidieron en señalar prácticas recurrentes de abuso de autoridad. Entre los incidentes mencionados se incluyen detenciones sin justificación, exigencias de pagos inmediatos y la presencia de retenes donde se realizan revisiones fuera de protocolo.

Este contexto provocó que Quiroz elevara nuevamente la voz y acusara que el municipio no tolerará actos de intimidación disfrazados de operativos de protección. La alcaldesa indicó que respalda la presencia de fuerzas externas siempre que actúen conforme a la ley, pero advirtió que ningún agente, independientemente de su corporación, podrá permanecer en labores si incurre en conductas que violen los derechos de la población.

La continuidad del proyecto de seguridad tras la muerte de Carlos Manzo

La crisis de desconfianza hacia las corporaciones de seguridad no es reciente. Tras el fallecimiento del presidente municipal Carlos Manzo, Uruapan nuevamente enfrenta señalamientos que recuerdan los desafíos que él intentó atender durante su gestión. La presidenta municipal sustituta recuperó ese antecedente para remarcar que el compromiso continúa.

Además, enfatizó que el trabajo dentro del Ayuntamiento será igual de estricto. Señaló que cualquier integrante de la Policía Municipal que incurra en extorsión o abuso será destituido de inmediato, sin excepciones. Esta postura busca reforzar la idea de que la administración municipal pretende depurar prácticas que dañan la relación entre ciudadanía e instituciones encargadas de la seguridad.

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El nuevo acuerdo nacional contra la extorsión

El gobierno federal presentó un viraje significativo en la estrategia contra la extorsión con la exposición pública del nuevo acuerdo nacional encabezado por Omar García Harfuch.

Durante la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló los componentes centrales de este esfuerzo, que busca ordenar, homologar y reforzar la respuesta del Estado frente a uno de los crímenes más dañinos para las familias y empresas del país.

En palabras del funcionario, el acuerdo representa "un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales", una frase que marca el espíritu de la iniciativa.

El eje jurídico destaca por la armonización en los estados de la ley general contra la extorsión, recientemente avalada en el Congreso, que contempla sanciones que pueden alcanzar hasta 42 años de prisión. Esta medida llega en un contexto donde la ciudadanía reporta temor constante y episodios recurrentes de intimidaciones, cobros indebidos y amenazas telefónicas.

Desde que inició la estrategia nacional, García Harfuch informó que se han recibido más de 102 mil llamadas al número 089 y que las detenciones ascienden a más de 600 personas vinculadas al delito.

El acuerdo también plantea fortalecer la operación del 911 y del 089, así como la elaboración de un manual nacional que unificará los procesos de denuncia, investigación y persecución.

Según el secretario, "la actualización de los lineamientos del 911 y del 089 permitirá mejorar tiempos de respuesta como lugar, procedimientos y garantizar una atención más eficiente", con el objetivo de brindar certeza a las víctimas y facilitar la actuación de las autoridades locales.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la relevancia de que el delito se persiga de oficio, explicando que "no recae en la víctima la denuncia, sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos", lo que permitirá intervenir desde el ámbito estatal y federal con mayor coordinación.

También añadió que el desafío de fondo es erradicar la extorsión como práctica extendida, objetivo que buscará reforzarse con nuevas herramientas como el registro telefónico para evitar que los celulares se utilicen para cometer ilícitos.

Para Sheinbaum, el acuerdo abre una oportunidad histórica: "Creo que trabajando juntos el próximo año... podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión", un objetivo que su administración pretende alcanzar replicando el avance logrado en la reducción de homicidios dolosos.

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