REZAGO, RECORTES Y COORDINACIÓN
Los retos que recibe Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República
Entre tensiones políticas, estructura burocrática y una alta demanda social, Godoy inicia un mandato de nueve años con la presión de modernizar y recuperar la credibilidad de la FGR.
La llegada de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República (FGR) marca el inicio de una etapa decisiva para la procuración de justicia en México. Su designación, ampliamente anticipada en el Congreso, llega en un momento complejo: tensiones institucionales, presupuestos recortados, una estructura burocrática pesada y una relación pendiente con los poderes judiciales y con las áreas federales de seguridad.
Tras ser ratificada por el Senado con 97 votos a favor, la exfiscal de la Ciudad de México tomó protesta para encabezar la institución durante los próximos nueve años. Su primera tarea será elaborar el Plan de Persecución Penal, un documento que definirá prioridades, delitos estratégicos y mecanismos de investigación en un país donde el crimen organizado opera con estructuras empresariales y una sofisticación creciente.
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Un proyecto de persecución penal para un delito que ya no luce igual
El desafío inicial es técnico, pero determinante. El Plan de Persecución Penal es el eje rector de la FGR y, en este caso, deberá responder a un escenario muy distinto al que enfrentó su antecesor, Alejandro Gertz Manero, en 2020.
En aquel documento preliminar, el único que se conoció públicamente, se señalaba que las organizaciones criminales habían mutado hacia esquemas de operación empresarial dedicados al narcotráfico, robo de hidrocarburos, tráfico de armas, extorsión y secuestro. Además, admitía una realidad incómoda: pocos casos complejos fueron judicializados a pesar de la magnitud del fenómeno.
Ese rezago sigue vigente, y Godoy llega con la presión de actualizar estrategias, replantear prioridades y definir cómo enfrentará redes delictivas mucho más diversificadas y con presencia transnacional.
¿Más coordinación con estados o más distancia? El dilema histórico de la FGR
Uno de los debates clave será la relación de la FGR con los gobiernos estatales. Bajo la gestión de Gertz, la institución prefirió una intervención limitada en delitos de alto impacto, a menos que existiera una petición directa de la Presidencia.
Esa política dejó vacíos notorios. Uno de los ejemplos más recientes es el del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, presuntamente vinculado al CJNG, un caso que no fue atraído por la Fiscalía pese a la presión social y mediática.
Godoy deberá decidir si mantiene esa distancia o si adopta un modelo de colaboración más activa, que incluso podría redefinir la autonomía de la institución.
Presupuesto limitado y una estructura pesada
El otro frente delicado es financiero. Por primera vez en cinco años, la Cámara de Diputados recortó el presupuesto solicitado por la FGR. Para 2026, la institución dispondrá de 20 mil 126 millones de pesos, 933 millones menos de lo que pidió.
Ese recorte llega justo cuando la Fiscalía ha extendido su estructura interna:
165 unidades y agencias del MP
73 dedicadas exclusivamente a delitos federales
Y un total de 20 mil 214 trabajadores, un crecimiento modesto pero significativo tras dos años de estancamiento.
Aunque el incremento apunta a una presencia cada vez mayor de mujeres, 44% del personal, mantener operativas estas áreas en un entorno de alta demanda podría convertirse en uno de los mayores obstáculos de su administración.
La tensión con la UIF y el reto del lavado de dinero
Otro punto crítico será la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con el especialista Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, la UIF perdió fuerza el último año y la FGR no logró construir casos sólidos que permitieran desmantelar redes de corrupción o lavado de dinero.
Órdenes tardías de congelamiento de cuentas, falta de trazabilidad financiera y un "cuello de botella institucional" han debilitado investigaciones clave. Históricamente, advierte el experto, la FGR ha sido un filtro que retrasa procedimientos sensibles.
La expectativa es que Godoy adopte un modelo más parecido al que funcionó en la Ciudad de México, donde trabajó de forma estrecha con Omar García Harfuch. Ese modelo se basaba en inteligencia compartida, tiempos procesales coordinados y prioridades definidas de manera conjunta entre Fiscalía y Policía. Replicarlo implicaría una mayor interacción con Seguridad, Marina, Sedena y Hacienda.
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Compromisos: no fabricar culpables, cero tortura y una fiscalía abierta
Durante su exposición ante el Senado, Godoy delineó varios compromisos que marcarán la expectativa pública sobre su gestión:
No fabricar culpables
No persecución política
Tolerancia cero a la tortura
Sanciones a funcionarios que violen derechos humanos
Investigaciones con enfoque financiero, siguiendo rutas de dinero
Atención integral a víctimas mediante una fiscalía de "puertas abiertas"
Una institución con alta demanda y expectativas aún mayores
Godoy llega a una FGR que enfrenta exigencias crecientes, pero también presiones políticas, falta de recursos y la necesidad urgente de recuperar legitimidad.
Al mismo tiempo, Gertz Manero se retira tras aceptar ser embajador en un "país amigo", dejando detrás una institución cuestionada, varios expedientes mediáticos sin resolver y una relación fracturada con los jueces federales.
El reto para Ernestina Godoy será demostrar, desde este primer año, que puede transformar una fiscalía marcada por el rezago y la desconfianza en una institución moderna, efectiva y alineada a las prioridades de seguridad nacional.
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