- 09 de septiembre de 2025
Uno de los decomisos más grandes de huachicol en México reveló una red de corrupción en Tamaulipas, con marinos, empresarios y funcionarios detenidos.

El decomiso de un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico se convirtió en uno de los mayores golpes al huachicol en la historia de México. La magnitud del hallazgo expuso no sólo el tamaño del contrabando de combustible, sino también un entramado de corrupción en aduanas, puertos y altos niveles de la Secretaría de Marina.
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El caso no se limita al robo de hidrocarburos: involucra asesinatos, acusaciones internas, funcionarios federales en prisión y la promesa presidencial de "cero impunidad".
A continuación, se detallan las claves para entender cómo un buque destapó una red de corrupción que operaba desde Tamaulipas hasta el corazón del sistema de seguridad nacional.
El inicio: la denuncia del exsecretario de Marina
El origen de la investigación se remonta a la gestión del almirante José Rafael Ojeda Durán, entonces titular de la Secretaría de Marina (Semar). Fue él quien decidió acercarse a la Fiscalía General de la República (FGR) para reportar irregularidades dentro de la institución que dirigía.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general, relató:
"Hace casi dos años, acudió ante la FGR, el entonces secretario de la Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento, nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver".
Con esa denuncia comenzó un trabajo coordinado entre la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal. La investigación permitió reunir una "cantidad enorme de información" sobre operaciones ilegales vinculadas con la importación de combustible.
El operativo en cuatro estados
El golpe contra esta red de huachicol fiscal se consolidó en septiembre con un operativo simultáneo en Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que se logró el decomiso de más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques, además del aseguramiento del buque cargado con 10 millones de litros de diésel.
El operativo también derivó en la detención de 14 personas: empresarios, marinos en activo, un marino retirado y exfuncionarios de aduanas, todos acusados de participar en una red de contrabando que permitía la entrada de combustibles bajo facturas simuladas o documentación irregular.

Los nombres y los cargos
Entre los detenidos destacó el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, excomandante de la 12ª Zona Naval y secretario particular de José Rafael Ojeda Durán. Su captura fue considerada un "terremoto político", pues se trataba de un militar con amplia influencia en aduanas y puertos estratégicos.raf
Durante una conferencia de prensa, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó la captura de los implicados y destacó que entre ellos hay marinos en activo, un marino retirado, empresarios y exfuncionarios de aduanas.
Los nombres de las personas detenidas son:
- Manuel Roberto ´N´
- Climaco ´N´
- Humberto Enrique ´N´
- Sergio ´N´
- Carlos de Jesús ´N´
- Fernando ´N´
- Francisco Javier ´N´
- Endira Xóchitl ´N´
- Perla Elizabeth ´N´
- Natalia ´N´
- Ismael ´N´
- Anuar ´N´
- Héctor Manuel ´N´
- José ´N´.
En una conferencia conjunta, el actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, marcó distancia con los acusados:
"El actuar aislado de unos cuantos no puede manchar el trabajo de una institución que ha sido pilar en la seguridad nacional".

Violencia y denuncias internas
El caso del buque y las detenciones no pueden entenderse sin los antecedentes de violencia ligados a las denuncias de corrupción en aduanas.
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Uno de los episodios más graves fue el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido en Colima en 2024. En una carta dirigida a Ojeda Durán, Guerrero denunció que los hermanos Farías Laguna manipulaban asignaciones en aduanas para favorecer su red de negocios ilícitos.
Poco después, Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR, fue asesinada bajo un modus operandi similar. Ambos homicidios fueron relacionados por las autoridades como intentos de silenciar a quienes denunciaban la corrupción.
El huachicol fiscal: un negocio millonario
A diferencia del robo directo a ductos de Pemex, el huachicol fiscal consiste en el ingreso de combustible mediante documentación falsa o permisos simulados de importación. Este esquema permite evitar el pago de impuestos y deja ganancias extraordinarias a las redes criminales.
En el caso de Tamaulipas, el buque decomisado había declarado transportar sustancias no combustibles, pero en realidad llevaba millones de litros de diésel listos para ser distribuidos en flotillas y gasolineras.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo describió de manera contundente:
"Cero impunidad, hasta donde tope".
Y añadió:
"Lo importante es detener a todos los involucrados, no importa si son funcionarios públicos, empresarios o personas del sector privado. La investigación sigue en curso y no habrá excepciones".
Cero impunidad y procesos judiciales
Tras el operativo, un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto "F" y a nueve integrantes más de la Semar. La acusación: delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos.
Se dictó prisión preventiva justificada y se concedió un plazo de seis meses para complementar la investigación.
Mientras tanto, García Harfuch recalcó que las detenciones forman parte de un esfuerzo mayor por limpiar las aduanas del país:
"No habrá tolerancia para quienes se aprovechen de su posición en el servicio público o de vínculos institucionales para delinquir. La corrupción en aduanas y puertos ha dañado durante años al país y estamos decididos a desmantelar esas estructuras".

Una red con gran poder económico
La FGR sostuvo que el entramado detrás del huachicol fiscal en Tamaulipas es una estructura con gran capacidad financiera, capaz de cooptar empresarios, servidores públicos y hasta elementos de fuerzas armadas.
Según la investigación, el esquema generó pérdidas millonarias al Estado al evadir impuestos de importación, lo que repercutió directamente en recursos destinados a programas sociales y proyectos de infraestructura.
Aunque ya hay altos mandos y empresarios tras las rejas, la FGR advirtió que la investigación sigue abierta. Se espera la emisión de nuevas órdenes de aprehensión contra personas prófugas, vinculadas con la importación ilegal de hidrocarburos.
La presidenta Sheinbaum lo resumió así:
"Aunque sea evidente el delito, no es posible resolver un caso de esta magnitud en un solo día. La investigación busca establecer quiénes están detrás, cómo operaban y qué funcionarios o empresarios participaron. Lo que sí puedo garantizar es que habrá cero impunidad".
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