NOTARIOS Y FUNCIONARIOS EN LA MIRA
Lemus anuncia acciones contra responsables del fraude de Panamericanas
Pablo Lemus anunció acciones legales contra notarios, abogados y exfuncionarios estatales implicados en el escándalo millonario de las Villas Panamericanas.
El fraude inmobiliario de las Villas Panamericanas, también conocido como Conjunto Avaterra, ha estallado nuevamente en la agenda pública de Jalisco. Tras el aseguramiento del complejo por parte de la Fiscalía estatal, el gobernador Pablo Lemus lanzó un mensaje contundente: habrá sanciones ejemplares para todos los involucrados, desde notarios hasta funcionarios de gobiernos pasados.
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De acuerdo con la denuncia presentada por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal), se detectaron múltiples irregularidades en los créditos y escrituraciones relacionadas con este complejo habitacional. La cifra del fraude asciende a más de 130 millones de pesos, considerando intereses y operaciones ilegales.
Lemus aseguró que la red de corrupción no fue menor. "Hay notarios públicos que realizaron escrituras irregulares, a quienes les vamos a revocar los fiats y contra quienes presentaremos denuncias penales. También hay exfuncionarios del gobierno estatal involucrados desde 2014, quienes autorizaron préstamos de manera ilegal. Además, se han identificado abogados y empresarios con departamentos a su nombre en Villas Panamericanas. Se trata de un fraude monumental", declaró.
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Recuperación de bienes y recursos
El mandatario informó que su gobierno ya trabaja en la recuperación de los departamentos y de la inversión desviada. Los recursos, explicó, serán destinados a fortalecer al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) y al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi).
"Primero vamos a cobrar esos 130 millones de pesos a la empresa fraudulenta y, adicionalmente, vamos a recuperar cerca de 100 departamentos. Todo ese patrimonio se repartirá en partes iguales: la mitad para reforzar el Ipejal y la otra mitad para generar vivienda económica en beneficio de los jaliscienses", afirmó.
Según el mercado inmobiliario actual, cada departamento podría tener un valor que oscila entre 7.5 y 9 millones de pesos, lo que representa un patrimonio significativo para el Estado una vez que se complete la recuperación.
Delitos de cuello blanco
Lemus enfatizó que no se trata de un caso aislado ni menor, sino de un ejemplo claro de corrupción de alto nivel. "Estamos esperando ya las órdenes de aprehensión contra estos delincuentes de cuello blanco. No vamos a permitir que se abuse de los recursos de los pensionados ni del dinero de los jaliscienses", sostuvo.
La declaración subraya el compromiso de su administración con el combate a la corrupción, un tema que ha marcado la agenda política de Jalisco en los últimos años, sobre todo después de los señalamientos en torno a las inversiones de Ipejal en negocios fallidos.
El gobernador también aclaró la situación de las personas que actualmente residen en el complejo habitacional. Lemus aseguró que los derechos de quienes adquirieron legalmente sus departamentos serán respetados y que no se tomarán medidas arbitrarias contra ellos.
"No vamos a violentar la vida de las familias que habitan en Villas Panamericanas. Se revisará cada caso, siempre con apego a la ley, para distinguir entre los compradores de buena fe y quienes formaron parte del fraude", explicó.
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Un caso que persigue a Jalisco desde 2011
Las Villas Panamericanas fueron construidas originalmente para albergar a los atletas durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Sin embargo, tras el evento deportivo, el conjunto quedó envuelto en polémicas ambientales, legales y financieras.
La venta y escrituración de los departamentos se convirtió en un terreno fértil para la corrupción, con denuncias de irregularidades en permisos, créditos y uso de suelo. Lo que alguna vez se presentó como un proyecto de desarrollo urbano terminó convertido en un símbolo de desvíos millonarios y falta de transparencia.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la afectación al Ipejal, institución que maneja los ahorros y pensiones de miles de trabajadores del Estado. El uso indebido de esos recursos en inversiones de alto riesgo ha generado preocupación entre jubilados y sindicatos.
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