Cárteles en cárceles: Gobierno de México aplicará sanciones a custodios

El Gobierno de México anunció un endurecimiento en la supervisión del personal de los centros penitenciarios federales, como parte de una estrategia para frenar la injerencia del crimen organizado en las cárceles del país. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, a partir del 2 de septiembre, entró en vigor un acuerdo que obliga a los custodios y trabajadores penitenciarios a someterse a evaluaciones de control de confianza, bajo pena de enfrentar sanciones administrativas si incumplen.

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La medida se da en un contexto crítico: en los últimos meses, las autoridades detectaron que numerosos internos, ligados a cárteles de la droga, mantenían operaciones ilícitas desde prisión. De hecho, recientemente fueron trasladados 50 reclusos identificados como líderes criminales que ejercían control sobre actividades delictivas desde el interior de los penales.

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Lineamientos más estrictos para custodios

El nuevo acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que todos los integrantes de la Prevención y Reinserción Social deben acudir a los exámenes en las fechas y horarios asignados. En caso de faltar sin justificación válida, se dará inicio a un procedimiento administrativo y se aplicarán sanciones contempladas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La SSPC subrayó que el someterse a evaluaciones periódicas es un deber legal, indispensable para garantizar la confiabilidad del personal. Las inasistencias injustificadas habían incrementado en los últimos meses, sobre todo en casos de promociones y permanencia en el cargo, lo que encendió alertas dentro del sistema penitenciario.

¿Cómo funciona el proceso de control de confianza?

El Centro de Evaluación y Control de Confianza, creado en septiembre de 2020, es el organismo encargado de aplicar estas pruebas. El procedimiento incluye una fase inicial en línea para registrar documentación y una segunda etapa presencial, en la que se realizan pruebas médicas, psicológicas, toxicológicas, de entorno social y patrimonial, así como evaluaciones poligráficas.

Entre los documentos obligatorios se encuentran acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, RFC, comprobantes de ingresos, estados de cuenta bancarios, reporte del Buró de Crédito, escrituras de bienes inmuebles, registro vehicular y declaración patrimonial. Cualquier intento de presentar papeles falsos será remitido de inmediato al área de Asuntos Legales.

Solo se aceptarán inasistencias justificadas con comprobantes oficiales, como licencias médicas, vacaciones autorizadas, comisiones laborales o situaciones fortuitas debidamente acreditadas.

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Resultados y cifras de avance

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social reveló que, hasta junio de este año, de los 7 mil 644 trabajadores evaluados, el 99% ha participado en el proceso. Los datos muestran que el 98% aprobó, un 1% fue reprobado y el resto permanece pendiente de resolución.

Sin embargo, la SSPC advierte que incluso con altos niveles de aprobación, la mínima tolerancia a faltas se vuelve prioritaria, dado que la infiltración del crimen organizado en las cárceles suele apoyarse en la colaboración o negligencia de personal penitenciario.

El acuerdo establece que cualquier trabajador que falte a una fase presencial o abandone la evaluación antes de concluirla será considerado como "no aprobado", con repercusiones directas en su permanencia laboral y en su expediente administrativo.

De esta manera, los custodios o trabajadores que no cumplan podrán enfrentar desde sanciones internas hasta la inhabilitación para continuar en el cargo.

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