DE LA CANASTA BÁSICA AL INTERNET
El CJNG encarece la vida de los mexicanos en 10 estados
El CJNG impone precios y extorsiona en alimentos, transporte y materiales de construcción.
Desde la canasta básica hasta servicios de internet, los ciudadanos en al menos 10 estados de México viven el impacto directo del control de precios por parte del crimen organizado. Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Tabasco y el Estado de México sufren un fenómeno que va más allá de la inseguridad: la extorsión económica sistemática.
Cuando los precios los fija el crimen
Comerciantes, productores y transportistas describen un esquema recurrente: los cárteles acaparan mercancías, fijan precios y obligan a los negocios a comprar en bodegas controladas por grupos delictivos.
En Tierra Caliente, Michoacán, pobladores denuncian a Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados del CJNG, como responsables de imponer costos en productos como arroz, carne, refrescos y cerveza. "Si el kilo de arroz vale 20 pesos, los establecimientos lo venden a 25; la carne 200 pesos y se da entre 230 y 240, porque los cárteles tienen presencia", relató un habitante a El Universal.
La negativa a cumplir con estas cuotas puede derivar en amenazas de muerte, dejando a los comerciantes atrapados entre el temor y la imposición.
El derecho de piso llega a todos los sectores
No solo los alimentos sufren los embates del crimen: materiales de construcción, agua embotellada, papelería e incluso servicios de internet están sujetos a precios fijados por grupos delictivos. Empresarios reportan que estas extorsiones elevan el precio final al consumidor y llevan a muchos dueños de negocios al cierre definitivo.
En Veracruz, carnicerías locales relataron que "el producto lo tienen que dar más caro" para solventar cuotas semanales o mensuales. Mientras tanto, en Tabasco, transportistas y dueños de negocios enfrentan la misma presión, y en el Estado de México, la delincuencia usa su control para distribuir mercancías robadas.
Ciudades y pueblos bajo amenaza
El fenómeno no distingue entre zonas urbanas o rurales. En la Comarca Lagunera, organizaciones agrícolas y ganaderas denunciaron una ola creciente de extorsiones y control de mercados, describiendo un ambiente de "constante amenaza y miedo".
En Oaxaca y Veracruz, productores de mango y otros frutos son obligados a vender a precios hasta cinco veces menores al de mercado. En Guanajuato, las tortillerías están entre los negocios más afectados, mientras que en Morelos más de la mitad de los comerciantes pagan derecho de piso. Incluso el transporte público enfrenta amenazas: concesionarios de la Ruta 11 en Cuernavaca estudian suspender el servicio tras recibir ultimátums.
El crimen no deja margen para la economía familiar
El cobro de piso, conocido como extorsión, ha reemplazado al coyotaje tradicional en muchas regiones, impactando directamente en el encarecimiento de víveres, transporte y servicios. El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, afirmó que se trata de un problema consolidado y en expansión: "Fue un delito que se dejó crecer y ahora impacta negocios, productores y consumidores".
El control que ejercen grupos como el CJNG no solo amenaza la seguridad física de los mexicanos, sino que distorsiona mercados enteros y erosiona la economía familiar. Desde los productos más básicos hasta servicios cotidianos, el poder del crimen organizado se hace sentir con cuotas, precios fijos y amenazas, dejando a miles de familias en un círculo de incertidumbre y miedo.
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