Buscan cancelar 26 candidaturas judiciales por vínculos criminales y bajo rendimiento académico

La elección judicial, que ha sido tema de intenso debate en el país, atraviesa una fase crítica. A menos de un mes de que los ciudadanos acudan a las urnas, las controversias no dejan de surgir. Las boletas ya están impresas y en distribución, pero el Congreso —dominado por Morena— ha solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) la eliminación de 26 candidaturas, 18 de las cuales están encabezadas por perfiles que generan serias dudas sobre su origen y antecedentes.

Esta batalla jurídica se suma a los problemas derivados de la reforma al Poder Judicial, impulsada por el oficialismo. La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros ha sido uno de los puntos más polémicos de la reforma, y ahora, la solicitud para cancelar algunas candidaturas resalta las fisuras del proceso.

De los 26 perfiles impugnados, 18 están relacionados con graves acusaciones, como abuso sexual, peculado, amenazas y vínculos con el crimen organizado. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, han encabezado estas demandas.

Aunque muchos de estos candidatos pasaron los filtros de idoneidad establecidos por los comités de evaluación, las irregularidades en el proceso y los antecedentes judiciales de algunos han encendido las alarmas. La contienda judicial, que contempla 3 mil 414 candidaturas para disputar 881 cargos de impartición de justicia, está marcada por la controversia.

Candidatos vinculados al narcotráfico y abuso sexual

Un grupo de los 26 candidatos impugnados está relacionado con casos graves de criminalidad. Entre ellos figuran personas imputadas por abuso sexual, peculado, amenazas y vínculos con la delincuencia organizada. La implicación de estos perfiles ha generado preocupación dentro del oficialismo, que teme por la legitimidad del proceso electoral.

Además, algunos han sido señalados por haber defendido legalmente a individuos relacionados con el crimen organizado, lo que pone en duda su imparcialidad. Entre los perfiles cuestionados se encuentran:

• Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca: imputado por abuso sexual.
• Ángel Antonio Villegas Cortés: imputado por amenazas y lesiones.
• Noel Castro Melgar: imputado por peculado y abuso sexual.
• Arturo César Morales Ramírez: acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud.
• Jesús Karina Almada Rábago: abogado de un narcotraficante del Cártel de Sinaloa.
• María de Jesús López Guzmán: defensora de un miembro del crimen organizado acusado de secuestro.

Candidatos con bajo rendimiento académico

Otro foco de controversia son los candidatos con rendimiento académico por debajo del mínimo requerido para ocupar cargos judiciales. De los 26 impugnados, ocho no cumplieron con el promedio mínimo de 8.0, exigido desde la fase inicial de selección. Algunos registran calificaciones tan bajas como 7.0, lo que ha generado dudas sobre su idoneidad.

Los aspirantes con promedios bajos son:

• Arturo Manuel Fernández Abundis: 7.9
• Elva Regina Jiménez Castillo: 7.9
• Juan Hernández Rodríguez: 7.8
• Raúl Miguel Gaspar Pech Martínez: 7.6
• Joaquín Flores Ruiz: 7.6
• Porfirio Aldana Mota: 7.19
• Alejandra Ramírez De La Vega: 7.0
• Mario Alberto Parada Cerón: 7.7

Candidatos con historial cuestionable

Además de los vínculos con el narcotráfico y el abuso sexual, varios candidatos han sido cuestionados por su reputación profesional. Entre los más señalados están:

• Francisco Escamilla Villarreal: abogado de personas vinculadas al crimen organizado.
• Jesús Humberto Padilla Briones: acusado de portación de armas y delitos contra la salud.
• Diana Monserrat Partida: liberó a criminales de manera indebida.
• Julio Veredín Sena: otorgó amparos a criminales.
• Aníbal Castro Borbón: absolvió a personas acusadas de delincuencia organizada.
• Conrado Alcalá Romo: otorgó amparo a un líder de la delincuencia organizada.
• Enrique Hernández Miranda: omitió imponer medidas cautelares en casos de delincuencia organizada.
• Francisco Herrera Franco: vinculado con integrantes del crimen organizado.
• Francisco Martín Hernández Zaragoza: imputado por abuso sexual en agravio de diversas víctimas.
• Edgar Agustín Rodríguez Beiza: imputado por abuso sexual de una alumna.
• Andrés Montoya García: acusado de desaparición forzada.
• Leopoldo Javier Chávez: imputado por delitos contra la salud.

Irregularidades en el proceso

La elección judicial ha estado plagada de irregularidades. Desde la conformación de los comités de evaluación —integrados en su mayoría por personas cercanas al oficialismo— hasta la elaboración de las listas de candidatos, el proceso ha mostrado inconsistencias como nombres repetidos, postulantes excluidos y otros incluidos pese a haber declinado.

Estos errores ocasionaron un retraso significativo en la impresión de las boletas, lo que pone en entredicho la validez del proceso.

El papel del INE en la validación de candidaturas

El INE ha asumido un rol clave en la validación de candidaturas, estableciendo mecanismos para investigar a quienes pudieran estar involucrados en delitos, especialmente en casos de violencia de género. Para ello, habilitó un micrositio donde la ciudadanía puede aportar información sobre candidatos con antecedentes penales.

El órgano electoral también aprobó un acuerdo para investigar formalmente estas candidaturas, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en torno a un proceso que, para muchos, debería haber garantizado mayor transparencia y honestidad.

A pocas semanas de la elección, el futuro del Poder Judicial en México es incierto. Con candidaturas impugnadas por vínculos criminales, antecedentes oscuros y bajo rendimiento académico, la legitimidad del proceso electoral se encuentra seriamente comprometida. Los ciudadanos tendrán la última palabra en las urnas, pero la aspiración a una justicia imparcial y confiable sigue siendo una deuda pendiente del sistema judicial mexicano.

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