- 12 de marzo de 2025
La senadora Lilly Téllez presentó una iniciativa para endurecer las penas contra servidores públicos vinculados con el crimen organizado.

La senadora Lilly Téllez presentó una iniciativa en el Senado mexicano que busca castigar con mayor severidad a los servidores públicos que colaboren con el crimen organizado, considerándolos traidores a la patria.
En una publicación en X, Téllez explicó que la propuesta contempla sanciones para aquellos funcionarios que "faciliten, protejan, colaboren, proporcionen información, recursos o auxilio a grupos de la delincuencia organizada", especialmente en actividades relacionadas con la producción, tráfico, distribución o financiamiento de narcóticos.

La propuesta, que incluye la adición del artículo 123 Bis al Código Penal Federal, establece penas de cinco a cuarenta años de prisión, además de la destitución inmediata y la inhabilitación permanente para ocupar cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público. También se contempla el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente como resultado de la colaboración con el narcotráfico.
Además, la iniciativa señala que los servidores públicos sentenciados por este delito no podrán acceder a beneficios como la preliberación, libertad condicional o anticipada, ni a la sustitución o suspensión de la pena.
"Las personas procesadas o sentenciadas por este delito serán trasladadas a un centro penitenciario de máxima seguridad, donde se les aplicarán medidas especiales de resguardo tanto durante la prisión preventiva como en la ejecución de la pena", se detalla en el documento.
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La propuesta también incluye una lista de funcionarios que podrían ser sancionados bajo esta ley, entre ellos legisladores, ministros, magistrados, jueces, consejeros del Instituto Nacional Electoral, miembros de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos.
Reacciones y polémica
La iniciativa ha generado un intenso debate en redes sociales, con posturas tanto a favor como en contra. Uno de los comentarios más controvertidos provino del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien preguntó en X: "¿Fusilamiento es mucho pedir?".
Por otro lado, la propuesta de Téllez responde a la creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas mexicanas. "Las personas procesadas o sentenciadas por este delito serán trasladadas a un centro penitenciario de máxima seguridad, donde se les aplicarán medidas especiales de resguardo tanto durante la prisión preventiva como en la ejecución de la pena", se detalla en la iniciativa.

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La propuesta aún debe ser discutida en el Senado, donde se anticipa un debate acalorado sobre sus implicaciones legales y políticas. Mientras tanto, diversos sectores de la sociedad han manifestado su inquietud sobre la posibilidad de abusos o interpretaciones excesivas de esta legislación.
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