ASÍ DESTINARÍAN EL SALARIO
"Reo que no trabaje, no come": van por ley para que presos paguen su manutención
Han presentado una iniciativa para que los reos que están en cárceles de la CDMX trabajen para obtener su comida.
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), América Rangel, presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de modificar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social. Esta propuesta busca que las Personas Privadas de su Libertad trabajen de manera obligatoria dentro de las cárceles, y destinar parte de su salario a la manutención de la prisión.
La ley que busca que los reos trabajen para su comida
Según la legisladora, el propósito principal es reducir la inactividad dentro de las cárceles y evitar que estas se conviertan en "escuelas del crimen". Además, argumentó que actualmente los reos representan una carga económica para los contribuyentes, ya que cada interno cuesta aproximadamente 17 mil pesos mensuales al erario. De acuerdo con la propuesta, el esquema de trabajo obligatorio dentro de los penales funcionaría de la siguiente manera:
- El 70% del salario sería para el interno y sus dependientes.
- El 20% se destinaría a la reparación del daño.
- El 10% se utilizaría para costear parte de su manutención dentro de la cárcel.
América Rangel defendió su iniciativa con el argumento de que la sociedad no debe seguir financiando a quienes han cometido delitos, mientras que millones de mexicanos trabajan diariamente para sostener a sus familias. "No es justo que los ciudadanos tengan que pagar con sus impuestos la vida de quienes han causado daño", declaró.
Población de reos en la CDMX
Actualmente, en los centros penitenciarios de la Ciudad de México hay aproximadamente 25 mil reos. La diputada considera que, al implementar el trabajo obligatorio, se podría mejorar la seguridad dentro de las cárceles, reducir los casos de extorsión telefónica y preparar a los internos para su reinserción laboral tras cumplir su condena.
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Asimismo, Rangel planteó la posibilidad de que empresas privadas establezcan centros de trabajo dentro de las prisiones. Para ello, las autoridades podrían firmar convenios con el sector privado, permitiendo la maquila de productos en condiciones seguras. En estos acuerdos, se incluirían incentivos económicos y fiscales para las empresas participantes.
"Se trata de brindar oportunidades para que los reos puedan aprender un oficio y generar ingresos, en lugar de seguir profesionalizándose en la delincuencia", aseguró la diputada panista.
La propuesta ha generado un intenso debate sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Diversas organizaciones y expertos en derechos humanos han manifestado su preocupación, pues consideran que el trabajo obligatorio podría vulnerar los derechos fundamentales de los internos.
Según Luis González Placencia, especialista en derechos humanos, los centros penitenciarios han sido históricamente espacios de abuso de poder y marginación, donde los internos suelen quedar en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la aplicación de una medida como la propuesta podría exacerbar estas condiciones.
Las Normas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) establecen que el trabajo en las cárceles debe ser una actividad voluntaria y en condiciones dignas. Por ello, algunos críticos consideran que obligar a los reos a trabajar sin su consentimiento podría contravenir tratados internacionales firmados por México.
El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluidas aquellas que están privadas de su libertad. La Constitución establece que la reinserción social debe estar basada en el respeto a los derechos humanos y en un enfoque de justicia social.
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Según la propuesta, el trabajo dentro de las cárceles se ajustaría a las capacidades físicas y psicológicas de cada reo. Sin embargo, organismos de derechos humanos insisten en que cualquier medida en este sentido debe implementarse con pleno respeto a la dignidad de los internos y sin coerciones que violen sus derechos fundamentales.
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