Ley sobre la propiedad privada: ¿es verdad que el gobierno vigilará tu casa?

La reciente reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México, publicada el 27 de diciembre en la Gaceta Oficial, ha encendido el debate entre propietarios de inmuebles y expertos en derecho.

La nueva disposición establece que quienes posean propiedades de uso habitacional con un valor catastral superior a 4 millones 524,974 pesos deberán presentar una "declaración informativa" ante la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, la falta de claridad sobre el alcance de esta obligación ha generado preocupaciones sobre posibles afectaciones a la propiedad privada.

¿Qué exige la reforma?

El artículo 132 del Código Fiscal, modificado con el respaldo de Morena y sus aliados en el Congreso capitalino, establece que los dueños de predios habitacionales con un valor de más 4,527,000 pesos. deben reportar periódicamente "el estado que guardan" sus inmuebles. Aunque la normativa menciona la actualización del padrón catastral como objetivo principal, no especifica qué información deberán proporcionar los propietarios ni el formato que deberá usarse.

Diego Garrido, legislador del PAN, advirtió que la reforma podría derivar en sanciones económicas para quienes no cumplan con la nueva obligación.

Según explicó en un video publicado en sus redes sociales, los dueños de inmuebles tendrán que informar detalles como si la propiedad está habitada, si se encuentra en renta o quiénes residen en ella. "¿Para qué quieren esa información? Solo para tener un mayor control social y no duden que dentro de poco quieran expropiar los inmuebles desocupados", cuestionó.

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¿Preocupación justificada o especulación?

Si bien la reforma ha generado una ola de críticas y especulaciones sobre posibles intentos de control gubernamental o aumentos en el impuesto predial, hasta ahora no hay pruebas concretas de que este sea su objetivo real.

Expertos en derecho fiscal han señalado que, hasta que no se publiquen las reglas de aplicación, cualquier afirmación sobre su impacto es solo una hipótesis. La medida podría ser simplemente un mecanismo administrativo para actualizar el padrón catastral y mejorar la planeación urbana, sin que necesariamente implique afectaciones directas a los propietarios.

Inquietudes y posibles impactos

Los críticos de la reforma ven en esta disposición un intento del Gobierno de la Ciudad de México por intervenir en la propiedad privada de manera "excesiva e injusta". Para algunos, el hecho de que solo ciertos inmuebles estén sujetos a esta obligación refuerza la idea de que se trata de una medida selectiva, cuyo propósito real podría ir más allá de la simple actualización catastral.

El despacho de abogados Hogan Lovells advierte que la reforma podría ser utilizada como una estrategia para elevar la recaudación fiscal. En un análisis publicado recientemente, señalaron:

"Parece reflejar un interés de la autoridad por supervisar de cerca el estado de los inmuebles y, eventualmente, ajustar su valor catastral. Esto podría traducirse en una estrategia para fortalecer la recaudación fiscal, incluyendo la posibilidad de reclasificar inmuebles en rangos superiores, lo que impactaría directamente el monto del impuesto predial a pagar".

A esto se suma el hecho de que las reglas de carácter general para la presentación de la declaración aún no han sido publicadas. Mientras no se definan con claridad los criterios y alcances de la medida, la incertidumbre seguirá pesando sobre los propietarios afectados.

Quienes incumplan con esta obligación podrían enfrentar multas que van desde los 4,272 hasta los 10,821 pesos, de acuerdo con el artículo 465 del Código Fiscal. No obstante, hasta el momento no se ha determinado cuándo ni cómo deberán presentarse las declaraciones, lo que deja a los contribuyentes en un limbo jurídico.

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