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REFORMA JUDICIAL

Ricardo Monreal: "Elección de jueces y magistrados en México costará 3,500 MDP"

El líder de los senadores de Morena propone financiar la elección con la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial, cuyo monto asciende a 23 mil millones de pesos.

POLÍTICOS

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Ricardo Monreal: "Elección de jueces y magistrados en México costará 3,500 MDP".Créditos: X (Twitter)

En un paso importante hacia la reforma del Poder Judicial en México, Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, ha estimado que la elección de más de 1,600 jueces y magistrados podría costar entre tres mil y 3,500 millones de pesos. Durante el tercer foro de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial en Toluca, Monreal detalló que estos recursos provendrían de la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, abriendo así un debate sobre la viabilidad y el impacto de esta propuesta.

Monreal explicó que el costo estimado para la elección de jueces y magistrados se basa en cálculos realizados con la ayuda de actuarios y personal del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que tendría la responsabilidad de llevar a cabo el proceso. Según Monreal, la elección, que se realizaría por única ocasión, tendría un costo de entre tres mil y 3,500 millones de pesos.

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Para financiar este gasto, Monreal propone utilizar los recursos de la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, cuyo monto total asciende a 23 mil millones de pesos. Este movimiento, asegura, no solo cubriría el costo de la elección, sino que también alinearía con los principios de austeridad promovidos por el gobierno actual.

La propuesta de Monreal ha generado una división entre los participantes del foro. Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, destacó que una buena administración de justicia es costosa y que la mala administración resulta aún más cara debido a las carencias en personal, instalaciones y equipo en los tribunales locales. Según Sodi Cuéllar, hablar de austeridad en este contexto es imprudente.

Por otro lado, Monreal defendió la iniciativa señalando que la reforma contempla la eliminación de las prestaciones de retiro de altos funcionarios del Poder Judicial, incluyendo jueces, magistrados y ministros. Esta eliminación afectaría haberes de retiro del 100% de 300 mil pesos mensuales durante dos años, y del 80% en los años siguientes. Además, eliminaría beneficios adicionales como el aguinaldo de 568 mil pesos, el seguro de vida por 12 millones de pesos y el pago por defunción de un millón 189 mil pesos

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El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro expresó su preocupación por el impacto de la reforma en los trabajadores del Poder Judicial. Según Gómez Fierro, la redacción actual de la reforma podría afectar a 50 mil familias. Representantes de trabajadores judiciales coinciden en que se deben destinar mayores recursos para salvaguardar los derechos laborales y la seguridad de los jueces y magistrados, quienes enfrentan amenazas y atentados del crimen organizado.

Ricardo Garduño, magistrado federal, enfatizó la necesidad de mantener los fideicomisos relacionados con los derechos laborales. Según Garduño, los jueces y magistrados son los más expuestos a la violencia del crimen organizado y necesitan medidas de protección adecuadas.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien asistió al foro, hizo un llamado a los legisladores para que aprueben una reforma judicial que contemple la justicia social. Gómez resaltó la importancia de garantizar que la reforma no solo se enfoque en la austeridad, sino que también proteja los derechos y la seguridad de los trabajadores judiciales.

La desaparición de los fideicomisos ha sido uno de los puntos más polémicos de la propuesta. Los fideicomisos del Poder Judicial han sido utilizados para diversos fines, incluyendo el pago de prestaciones y beneficios a los empleados judiciales. La eliminación de estos fideicomisos plantea preguntas sobre cómo se financiarán estos beneficios en el futuro y si la eliminación afectará negativamente a los empleados y sus familias.

Varios expertos en derecho y economía han expresado opiniones divididas sobre la propuesta de Monreal. Algunos creen que la eliminación de los fideicomisos es una medida necesaria para frenar el gasto excesivo y redirigir los fondos hacia áreas más críticas del sistema judicial. Otros, sin embargo, argumentan que esta medida podría desestabilizar el sistema y llevar a una mayor precariedad para los trabajadores judiciales.

Para poner en perspectiva la propuesta, es útil considerar cómo otros países manejan la elección y el financiamiento de sus sistemas judiciales. En muchos países, la elección de jueces y magistrados es un proceso altamente regulado y financiado por el estado, con un enfoque en la independencia judicial y la transparencia. México podría aprender de estos modelos internacionales para desarrollar un sistema que equilibre la necesidad de austeridad con la protección de los derechos y la eficiencia judicial.

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