VIOLENCIA POLÍTICA
Benito Aguas y otros políticos asesinados en los primeros meses del Gobierno de Sheinbaum
El diputado federal veracruzano se suma a una lista creciente de políticos asesinados en 2024; la crisis de inseguridad amenaza la estabilidad política en México.
La creciente ola de violencia política en México alcanzó un nuevo pico con el asesinato de Benito Aguas Atlahua, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien falleció tras un ataque armado en Zongolica, Veracruz. Este crimen subraya la escalada de inseguridad que afecta al país y pone a prueba la confianza en las instituciones gubernamentales apenas dos meses después del inicio del mandato de Claudia Sheinbaum.
El asesinato de Benito Aguas conmocionó nuevamente a la clase política. El diputado federal fue emboscado mientras viajaba en su camioneta en la comunidad de Tepenacaxtla, en el municipio serrano de Zongolica. Según los informes iniciales, un desconocido que circulaba en motocicleta abrió fuego contra él, provocándole heridas graves en el tórax y la cabeza. Aunque fue trasladado al hospital del IMSS Bienestar en Zongolica, no logró sobrevivir al ataque.
El crimen ocurrió en medio de una crisis de seguridad que se ha intensificado en 2024, con numerosos casos de violencia política registrados en diversas partes del país. El asesinato de Aguas, quien anteriormente fungió como presidente municipal de Zongolica entre 2021 y 2024, ha generado indignación y un llamado generalizado a las autoridades para combatir la impunidad.
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Diversos actores políticos han condenado el atentado. El Partido Verde emitió un comunicado expresando su repudio y exigiendo a la Fiscalía General del Estado de Veracruz una investigación exhaustiva. "Llamamos a terminar con la impunidad y nos solidarizamos con los familiares de nuestro compañero", declaró la organización.
Por su parte, el senador Manuel Velasco exigió justicia y calificó el ataque como un acto cobarde. En tanto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expresó su confianza en que las autoridades harán justicia y extendió sus condolencias a la familia del fallecido.
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El panorama de la violencia política en 2024
El asesinato de Benito Aguas no es un hecho aislado. Datos de la organización civil Data Cívica revelan que 2024 ya ha superado el récord de violencia política registrado el año anterior. Hasta noviembre, se contabilizan 617 incidentes de este tipo, incluyendo asesinatos, atentados y amenazas contra actores políticos. Esta cifra supera los 570 casos reportados en 2023.
Sinaloa ha emergido como el epicentro de esta violencia, acumulando 24% de los ataques políticos en noviembre. Entre los incidentes más notorios se encuentran los asesinatos de dos exsecretarios de Seguridad de Mazatlán, Simón Malpica Hernández y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, además del líder ganadero Faustino Hernández Álvarez, cuyo homicidio conmocionó a la región.
A estos asesinatos se le suman Ulises Hernández Martínez, exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, quien fue ejecutado días antes de que Sheinbaum tomará el poder, dando como resultado el homicidio de Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, el cual ocurrió días después de que asumiera su cargo como secretario general del Ayuntamiento. Uno de los más impactantes hasta el momento ha sido el homicidio del alcalde Alejandro Arcos Catalán, fue decapitado y expuesto en la vía pública cerca de su familia.
Impacto y raíces del problema
El incremento en la violencia política ha sido vinculado a capturas recientes de figuras clave del crimen organizado, como Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán. Estas detenciones han provocado una reorganización violenta dentro de los cárteles, exacerbando la inseguridad en estados como Sinaloa y Veracruz.
Entre 2018 y 2024, se han documentado 2,221 incidentes de violencia contra políticos, con un 78% de las víctimas siendo hombres. Este patrón no solo pone en peligro a los funcionarios, sino que también socava la confianza pública en las instituciones democráticas.
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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha destacado la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como un factor que ha reducido la violencia en su estado. Sin embargo, los datos contrastan con esta afirmación, ya que Sinaloa lideró los ataques político-criminales en noviembre.
Mientras tanto, la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta crecientes presiones para implementar estrategias efectivas contra la inseguridad. La continuación de esta violencia amenaza con marcar su gobierno y generar un impacto negativo en la estabilidad política nacional.
La creciente inseguridad afecta no solo a los actores políticos, sino también a la confianza ciudadana en las instituciones. Resolver este problema requiere una acción coordinada y decidida por parte de los tres niveles de gobierno, así como un compromiso firme para enfrentar la impunidad y garantizar la seguridad de quienes desempeñan funciones públicas.
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