Tras ataque a indígenas desplazados en Chenalhó, Gobierno de Chiapas activa protocolo de atención

Inmediatamente después de conocer los hechos violentos que se registraron contra víctimas de desplazamiento forzado en la comunidad Polhó del municipio de Chenalhó, el Gobierno de Chiapas activó el protocolo de atención para garantizar la seguridad de la región. 

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 2 de junio cuando un grupo de hombres armados se presentó en una bodega, donde se encontraban hombres, mujeres, niños y niñas indígenas tzotziles desplazados del sector Santa Marta y comenzaron a realizar disparos con arma de fuego, producto del ataque 7 personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas.

Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos, señaló que el ataque fue de manera directa hacia la vivienda donde se encontraban refugiadas alrededor de 150 personas que fueron despojadas de sus tierras y derechos comunales desde septiembre de 2022 y quienes huyeron tras un enfrentamiento armado que duró siete días, por la disputa de 22.5 hectáreas de terrenos.

Gobierno de Chiapas implementa operativos de seguridad 

Tras el asesinato de 7 indígenas de Chenalhó, el gobierno de Chiapas activó el protocolo de atención para garantizar la seguridad de la comunidad. Asimismo, lamentó los hechos ocurridos y expresó su solidaridad a los habitantes de los pueblos indígenas refrendado una vez más su compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de toda la población. 

Por lo mismo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, realizan patrullajes preventivos y disuasivos en las inmediaciones. 

Esto con la finalidad de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población de Polhó, además de coadyuvar con las autoridades en las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

Mientras que la Secretaría General de Gobierno establecerá de manera inmediata una mesa de atención integral de la población y autoridades municipales, a efecto de garantizar la gobernabilidad, la atención médica de las personas lesionadas, la seguridad jurídica y el bienestar de la población.

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