La primera del llamado Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarado inválido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a graves violaciones al procedimiento legislativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero estas fueron declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal del país, con una mayoría de nueve votos a favor y dos en contra.
El Pleno de la SCJN declaró la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre del año pasado. Esta decisión se tomó con la oposición solamente de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Alhf.
En mi opinión, la función principal de la Suprema Corte es garantizar que se cumpla la Constitución y las leyes que de ella se derivan, y sus miembros lo hacen dentro de los límites establecidos por la Constitución, con su mejor criterio y con un gran compromiso de servicio hacia la sociedad. Esta es la clave para mantener el equilibrio entre los Poderes de la Unión y para mantener nuestra tranquilidad ante rumores e infundios.
También mencionó que, como árbitros, las decisiones de la Corte pueden gustar o no gustar a ciertas personas, lo cual demuestra la existencia de un pluralismo fortalecido en la sociedad mexicana.
"Desde mi perspectiva se encuentran acreditadas múltiples violaciones al procedimiento legislativo que, en forma individual serían suficientes para declarar la invalidez de todo el Decreto, pero que al apreciarse en su conjunto alcanzan escala de tal entidad que afecta gravemente a la democracia constitucional mexicana.
Los ministros de la SCJN no abordaron el contenido de las reformas en cuestión, sino únicamente el procedimiento legislativo, por lo que el presidente López Obrador o los legisladores afines al gobierno podrían proponer de nuevo la iniciativa con las mismas reformas en materia electoral. Sin embargo, tendrían que seguir el procedimiento legislativo adecuado y los plazos podrían ser insuficientes para que entren en vigor en las elecciones presidenciales de 2024.
La deliberación parlamentaria es crucial para proteger la expresión de las minorías y para promover el diálogo y la interacción entre las distintas fuerzas políticas, ya que sin ella no puede haber acuerdos ni consensos, según destacó la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.
"Detrás de la deliberación parlamentaria está la salvaguarda de la expresión de las minorías, la deliberación legislativa da lugar al diálogo, a la interacción entre las distintas fuerzas políticas, sin deliberación no hay acuerdos, no hay consensos", afirmó la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.
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