El exalcalde de Iguala, Guerrero, fue declarado culpable del secuestro de seis activistas, entre ellos, Arturo Hernández Cardona.

José Luis Abarca estuvo en la presidencia municipal de Iguala del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2014.
José Luis Abarca estuvo en la presidencia municipal de Iguala del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2014. Créditos: Especial

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, fue sentenciado a pasar 92 años en prisión por el delito de secuestro en agravio a seis activistas integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular

De acuerdo con la sentencia, el exfuncionario guerrerense es penalmente responsable del secuestro en agravio del perredista Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafel Balderas Róman, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, localizados sin vida en 2013 en Iguala. 

Por estos hechos, un juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Matamoros, Tamaulipas, también lo condenó a pagar una multa de 920 mil 700 pesos por reparación del daño, sustituible por 15 mil jornadas de trabajo comunitario. 

Los integrantes de la agrupación desaparecieron el 30 de mayo del 2013 y el 3 de junio fue encontrado el cuerpo de Hernández Cardona con huellas de tortura, junto a los de Bandera Román y Román Ramírez en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, cerca del municipio de Mezcala. 

El exalcalde de Iguala cumplirá su condena en el penal federal del Altiplano, Estado de México, en el que se encuentra como parte del proceso en su contra por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero. 

Juez absuelve a Abarca por caso Ayotzinapa 

En septiembre de 2022, otro juez federal de Tamaulipas absolvió, por falta de pruebas, al exacalde, presuntamente involucrado con el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

Abarca fue absuelto de las causas penales de secuestro y delincuencia organizada, relacionadas con la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala. Esta decisión aún puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR). 

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, aseguró el año pasado que la FGR tiene elementos suficientes para apelar este acto de impunidad. 

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