El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, tuvo que acatar el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ofrecer una disculpa a Adriana Dávila, legisladora que lo acusó por violencia de género. 

Noroña ofrece disculpa a Adriana Dávila, diputada del PAN
Noroña ofrece disculpa a Adriana Dávila, diputada del PAN

En octubre de 2019, Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del trabajo (PT), acusó a la legisladora Adriana Dávila, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), de estar inmiscuida en la problemática de trata que aqueja a Tlaxcala.

Fernández Noroña no sólo señaló a la diputada, también pidió que le dieran una "chi#$%", hecho que le valió ser denunciado por violencia de género, primero ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y, acto seguido, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

 

El pasado jueves 21 de enero, Fernández Noroña ofreció una disculpa, pero únicamente a dos magistrados del TEPJF: Felipe Fuentes e Indalfer Infante. En caso de no acatar el mandato de la instancia judicial, Noroña corría riesgo de quedar inhabilitado de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

Fernández Noroña corría el riesgo de ser inhabilitado (@DiputadosPTLXIV)

Este lunes 25 de enero, el diputado del PT ofreció una disculpa pública a la diputada Adriana Dávila a través de sus distintas cuentas en redes sociales. Asumió la responsabilidad de sus palabras, aunque en primera instancia, dijo que "de lejos" se trataba de violencia de género.

Ofrezco una disculpa pública a la diputada federal, Adriana Dávila, por las expresiones que utilicé en el Congreso de Tlaxcala", declaró Noroña. 

También manifestó su solidaridad y respaldo para garantizar la integridad no sólo de la legisladora, sino también de su familia, a causa de posibles actos que pudiera surgir a raíz de sus declaraciones. Además de que buscará restablecer la dignidad de Adriana Dávila. 

Adriana Dávila fue acusada sin pruebas (@AdrianaDavilaF)

En marzo de 2020, el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas para combatir la violencia política de género en México. Se dotó de un marco jurídico para prevenir, atender y sancionar este problema. 

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