Javier Milei prohíbe lenguaje inclusivo y 'todo lo referente a la perspectiva de género' en Argentina

El Gobierno argentino dio un paso decisivo al prohibir el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública del país. La medida, que fue anunciada apenas unas horas después de una acción similar del Ministerio de Defensa, ha generado un intenso debate en la sociedad.

Según el portavoz presidencial, Manuel Adorni, esta decisión se basa en la premisa de que el lenguaje inclusivo ha sido utilizado como un "negocio político", y que no es necesario introducir nuevas estructuras lingüísticas para satisfacer otras sensibilidades. En este sentido, se establece que las administraciones públicas no podrán utilizar términos de género neutro ni símbolos como el arroba o la equis, y se evitará la inclusión innecesaria del femenino.

El argumento principal detrás de esta prohibición es que el español, tal como se utiliza en la lengua castellana, ya contempla a todos los sectores de la sociedad. El ministro de Defensa, Luis Petri, respaldó esta postura al enfatizar la importancia de mantener la claridad y la concisión en las comunicaciones oficiales, especialmente en el ámbito de la Defensa Nacional.

La resolución del Ministerio de Defensa establece la obligatoriedad del idioma español de acuerdo con las normas de la Real Academia Española, con el objetivo de eliminar formas incorrectas del lenguaje que puedan generar interpretaciones erróneas, incluso en el contexto de operaciones militares.

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En consecuencia, las comunicaciones en el ámbito de la Defensa Nacional deberán ser breves, claras y concisas, de acuerdo con los reglamentos militares correspondientes, y se advierte que habrá medidas contra aquellos que incumplan estas nuevas directrices.

Esta decisión ha provocado reacciones encontradas en la sociedad argentina, con algunos sectores respaldando la medida como una forma de preservar el idioma y mantener la claridad en las comunicaciones oficiales, mientras que otros la critican por considerar que limita la inclusión y la diversidad en el ámbito público.