- 19 de julio de 2026
Ernesto Ruffo Appel fue trasladado al penal federal del Altiplano tras recibir prisión preventiva por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue trasladado este domingo al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como El Altiplano, después de que un juez federal ordenara prisión preventiva en su contra por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada.
El operativo comenzó durante la mañana, cuando un convoy de seguridad salió de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, con destino al penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Junto con Ruffo también fueron trasladados Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, quienes enfrentan las mismas acusaciones. En contraste, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales obtuvieron prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue enviada al Centro Penitenciario Femenil Nezahualcóyotl Sur.
El traslado ocurrió mientras seguía la audiencia inicial
La movilización se realizó mientras continuaba la audiencia inicial, que comenzó desde el viernes mediante videoconferencia y que estuvo marcada por varios recesos para permitir a las defensas revisar el expediente presentado por la Fiscalía General de la República (FGR).
La diligencia fue encabezada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega desde el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, mientras los imputados permanecían en las instalaciones de la FEMDO participando de manera remota.
En las inmediaciones de la fiscalía también se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina para coordinar el traslado de los detenidos al penal federal.

¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo?
La investigación de la FGR sostiene que Ruffo y otros implicados formarían parte de una organización que presuntamente introducía combustible desde Texas, Estados Unidos, hacia México utilizando transporte ferroviario.
De acuerdo con las indagatorias, los cargamentos ingresaban al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. Según la Fiscalía, en diversos casos se reportaban alrededor de 10 mil litros por contenedor cuando en realidad transportaban aproximadamente 110 mil litros, además de declarar mercancías distintas para evitar el pago de impuestos.
La dependencia afirmó que las operaciones ilegales habrían sido realizadas entre enero y julio de 2025 y ocasionaron un daño estimado al erario superior a los 4 mil millones de pesos.
En un comunicado, la FGR señaló:
"Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron".
La institución agregó que los presuntos responsables introducían combustible al país mediante información falsa presentada en aduanas y advirtió:
"Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales".
La investigación alcanza a la empresa Ingemar
La acusación de la FGR también involucra a la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo es accionista mayoritario, además de agentes aduanales y otras compañías que presuntamente participaron en la introducción ilegal de combustible procedente de Estados Unidos.
Hasta el momento, la Fiscalía ha informado que existen 25 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso y que ocho personas ya fueron detenidas. Los delitos que se les imputan —delincuencia organizada y violaciones a la Ley de Hidrocarburos— contemplan prisión preventiva oficiosa.
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