Documentos judiciales de Estados Unidos revelan los presuntos sobornos millonarios que "Los Chapitos" entregaban a funcionarios de Sinaloa para obtener protección.

Autoridades estadounidenses acusan a exfuncionarios sinaloenses de colaborar con el Cártel de Sinaloa a cambio de millones de pesos en sobornos.
Autoridades estadounidenses acusan a exfuncionarios sinaloenses de colaborar con el Cártel de Sinaloa a cambio de millones de pesos en sobornos. Créditos: Especial

Las investigaciones abiertas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa continúan revelando detalles sobre la presunta red de protección política y policial que habría operado en favor de la facción criminal de "Los Chapitos", perteneciente al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con documentos judiciales difundidos por autoridades estadounidenses, integrantes del grupo liderado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán habrían entregado sobornos millonarios a mandos de seguridad, fiscales y funcionarios estatales a cambio de protección, filtración de información y apoyo operativo.

Entre los señalados aparece el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como exfuncionarios ligados a áreas de seguridad pública y procuración de justicia.

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Sobornos mensuales y protección institucional

Según la acusación presentada en una corte federal de Nueva York, uno de los principales beneficiarios habría sido Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad estatal, quien presuntamente recibía hasta 100 mil dólares mensuales (1 millón 720 mil pesos mexicanos) para evitar operativos contra integrantes de "Los Chapitos".

Las autoridades estadounidenses sostienen que Mérida alertó en múltiples ocasiones sobre acciones de la DEA y fuerzas mexicanas para desmantelar laboratorios clandestinos, permitiendo a los grupos criminales mover equipo y personal antes de los cateos.

Especial
La acusación detalla pagos mensuales en efectivo a mandos policiales, funcionarios estatales y autoridades municipales. Créditos: Especial

Otro de los nombres incluidos en el expediente es el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, quien presuntamente cobraba alrededor de 11 mil dólares mensuales (189 mil 200 pesos) por brindar protección al grupo criminal y compartir información sobre operativos coordinados con Estados Unidos.

Asimismo, los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo", habrían recibido pagos de hasta 16 mil dólares mensuales (275 mil 200 pesos) para facilitar el traslado de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo, liberar detenidos y actuar contra grupos rivales.

La presunta "narconómina" en Sinaloa

El expediente también menciona a José Antonio Dionisio Hipólito, alias "Tornado", exsubdirector de la Policía Estatal, quien presuntamente participaba en la protección de cargamentos de droga y en la modificación de reportes policiales para favorecer a integrantes del cártel.

De acuerdo con las investigaciones, algunos de los funcionarios habrían utilizado sus cargos para colocar mandos policiales afines a la organización criminal y garantizar el control territorial de "Los Chapitos" en distintas zonas de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses estiman que, solamente entre algunos de los funcionarios señalados, la red de sobornos superaba los 2 millones de pesos mensuales.

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Especial
La acusación del gobierno de EU a los políticos mexicanos continúa revelando información sobre la presunta red de corrupción y narcotráfico en el estado.  Créditos: Especial

Acusaciones sacuden al entorno de Rocha Moya

La investigación también involucra al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como a mandos policiales y funcionarios estatales que presuntamente colaboraron con el Cártel de Sinaloa desde 2021.

Según el Departamento de Justicia, la red de corrupción permitió al grupo criminal operar con protección institucional, facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y mantener el control de zonas estratégicas en el estado.

Las acusaciones cobraron fuerza nuevamente tras la detención de Gerardo Mérida y la entrega voluntaria del exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, a autoridades estadounidenses. Hasta el momento, varios de los implicados han rechazado las acusaciones y sostienen que los señalamientos tienen motivaciones políticas.




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