- 16 de mayo de 2026
Durante una década, Conchita recorrió fosas, hospitales y morgues buscando a su hijo desaparecido, sin saber que sus restos permanecían en el Semefo desde 2016.

Durante casi una década, María Concepción Belmontes, mejor conocida como Conchita, recorrió fosas clandestinas, hospitales, penales, fiscalías y oficinas gubernamentales buscando una respuesta sobre el paradero de su hijo, Juan Antonio Olmeda Belmontes, desaparecido en Zapopan, Jalisco, en junio de 2016.
Pegó fichas de búsqueda en calles y postes, asistió a talleres para familias de desaparecidos y participó en brigadas encabezadas por colectivos de madres buscadoras. Mientras ella removía tierra con la esperanza de encontrar una pista, el cuerpo de su hijo permanecía en instalaciones forenses del Estado. Nadie le dijo nada durante casi diez años.
La noticia llegó apenas este mayo, cuando las autoridades le informaron que los restos de Juan Antonio habían ingresado al Servicio Médico Forense pocos días después de su desaparición. La revelación no solo destrozó a Conchita; también volvió a exhibir las graves fallas del sistema forense y de identificación humana en Jalisco y en México.

Una búsqueda que consumió su vida
Juan Antonio tenía 36 años cuando desapareció el 26 de junio de 2016 en la colonia Jocotán, en Zapopan. Desde entonces, su madre convirtió la búsqueda en el centro de su vida. "Iba al Semefo, veía fotografías, preguntaba en todos lados y nunca me dijeron nada", relató Conchita en entrevistas recientes.
Durante años entregó muestras de ADN a distintas instituciones. También lo hicieron familiares cercanos, incluidos los hijos de Juan Antonio. Sin embargo, nunca recibió una coincidencia genética ni una notificación oficial.
La incertidumbre y el desgaste emocional terminaron afectando gravemente su salud. En medio de la búsqueda, Conchita enfermó de cáncer, pero eso tampoco la detuvo.
Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco aseguran que el caso representa una de las formas más crueles de revictimización institucional. "¿Cuánto dolor pudo evitarse?", cuestionaron públicamente tras conocerse la noticia.

El colapso forense en Jalisco
La historia de Conchita no es un caso aislado. Organizaciones civiles y colectivos han denunciado durante años el colapso del sistema forense en Jalisco, uno de los estados más golpeados por la crisis de desapariciones.
Desde 2018, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha enfrentado señalamientos por acumulación de cuerpos sin identificar, saturación de espacios y deficiencias en los procesos de identificación.
Reportes recientes indican que la institución opera con una capacidad muy inferior a la necesaria y mantiene miles de restos humanos pendientes de identificación.
Actualmente, la cifra supera los nueve mil segmentos humanos bajo resguardo oficial sin nombre ni destino claro. Para familias buscadoras, estos números representan mucho más que estadísticas: son personas esperando regresar a casa.

"Fue negligencia": las preguntas que siguen sin respuesta
Para Conchita, el hallazgo no trajo paz. Trajo más preguntas. ¿Por qué las autoridades tardaron tantos años en identificar a su hijo si existían muestras genéticas disponibles? ¿Por qué nunca se realizó una confronta efectiva? ¿Por qué una madre tuvo que buscar durante años a alguien que ya estaba bajo custodia del propio Estado?
"Para mí fue una negligencia todo lo que me hicieron", dijo la madre tras recibir la noticia. El caso también ha provocado indignación entre colectivos de búsqueda, quienes sostienen que el Estado ha dejado a las familias solas frente a una tragedia humanitaria.
Muchas madres, como Conchita, terminaron convirtiéndose en investigadoras, peritas y rastreadoras improvisadas ante la ausencia de respuestas oficiales.
Una crisis que rebasa al país
La historia ocurre en medio de una crisis nacional de desapariciones que suma decenas de miles de personas no localizadas en México. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre la gravedad del problema y la falta de respuestas efectivas del Estado mexicano.
Entre las principales exigencias de colectivos y especialistas se encuentra la creación y consolidación de un Banco Nacional de Datos Forenses confiable, capaz de cruzar información genética de manera eficiente y evitar tragedias como la de Conchita.
Mientras tanto, miles de familias continúan buscando. Algunas en fosas clandestinas. Otras en hospitales. Muchas más, sin saber que quizá la respuesta lleva años dentro de una morgue.
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