¿Quién es José Rafael Martínez Puón, el integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, acusado de plagio?

José Rafael Martínez Puón es una figura ampliamente conocida en el ámbito de la administración pública, la profesionalización del servicio público y el combate a la corrupción en México. Su nombre, sin embargo, adquirió una nueva dimensión tras darse a conocer que enfrenta una denuncia penal por presunto plagio académico, presentada por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Martínez Puón forma parte del CPC, órgano encargado de representar a la sociedad civil dentro del SNA y de generar estudios, diagnósticos y propuestas para prevenir la corrupción. Su perfil académico y profesional fue uno de los principales argumentos para su integración a este comité.

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Trayectoria académica y profesional

El funcionario es doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Además, cuenta con una estancia postdoctoral en el Instituto de Dirección y Gobernanza Pública de ESADE, con sede en Barcelona, así como con un Programa Interamericano Avanzado en Innovación Política y Gerencia por la McCourt School of Public Policy de la Universidad de Georgetown, en Washington D.C.

También es maestro en Administración Pública y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. A lo largo de su carrera ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II y de la Academia Mexicana de Ciencias.

En el servicio público ha trabajado durante más de dos décadas en instituciones como el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Administración Pública. De forma paralela, ha sido catedrático en la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y el propio INAP.

Producción intelectual y papel en el SNA

Martínez Puón es autor de diversos libros y artículos especializados en temas como profesionalización del servicio público, modernización administrativa y políticas anticorrupción. Su trabajo más reciente aborda el compliance en el sector público.

Desde el CPC, presentó en abril de 2025 un documento titulado "Estudio sobre las áreas y puestos de la administración pública federal con mayor riesgo de corrupción y propuestas para su prevención", el cual detonó la controversia.

La denuncia por presunto plagio

La presidenta del CPC, Vania Pérez Morales, interpuso una denuncia penal al considerar que el documento presentado por Martínez Puón es una copia sustancial de un trabajo académico previo elaborado por otra autora.

"Al ver que el documento que presenta es una copia fiel en un 95%, un porcentaje muy alto, a mí no queda de otra más que llevarlo ante una autoridad y pedir que lo investigue".

La denuncia sostiene que existen coincidencias significativas entre ambos textos, tanto en la estructura como en el desarrollo conceptual.

"Las coincidencias comprenden párrafos completos o sustancialmente equivalentes, secuencias argumentativas coincidentes, desarrollo de ideas y razonamientos en orden idéntico o análogo y conclusiones o inferencias sustancialmente similares".

Pérez Morales también explicó el contexto institucional del señalamiento:

"Hago esta denuncia en mi calidad de presidenta del CPC, toda vez que esto se presentó en una sesión que yo presidí, y el trabajo está publicado como si fuera del CPC".

La postura de Martínez Puón

El integrante del CPC rechazó las acusaciones y defendió la originalidad de su trabajo. Aseguró que se trata de una investigación de campo basada en grupos de enfoque y no de una revisión documental.

"Yo soy un investigador serio. Esta es una investigación de campo, no es una investigación documental. Se hicieron seis grupos de enfoque con 30 personas y el documento se hizo con base en las opiniones de ellos".

También afirmó que sometió el texto a un software antiplagio y negó conocer el documento que presuntamente habría sido copiado.

"Ahí lo que se señala con claridad es que no hay ningún plagio de otro documento".

Mientras la autoridad competente determina si existió o no plagio, el caso mantiene la atención pública sobre uno de los órganos clave en la lucha contra la corrupción en México.

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