Este es el polémico video por el que la Fiscalía pidió a C4 Jiménez revelar sus fuentes

La publicación de un video sobre un cateo en Iztapalapa derivó en uno de los enfrentamientos más tensos del año entre un periodista y la autoridad capitalina. El material, difundido por Carlos Jiménez el 13 de noviembre en sus plataformas y en su programa, mostraba a elementos de la Policía de Investigación ingresando a una vivienda en la colonia San Juan Xalpa.

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La escena incluía la captura de una mujer señalada como exreclusa y presunta colaboradora de un grupo criminal vinculado a extorsiones y narcomenudeo, comocido como Loss Belmont. Desde ese momento, la grabación escaló de exclusiva periodística a tema de debate legal.

El contenido exhibía el aseguramiento de un arma y varias sustancias ilícitas, descritas públicamente como "metas", presunta cocaína y marihuana. La detención se habría realizado bajo una orden de cateo autorizada el 13 de noviembre, de acuerdo con la descripción transmitida en C4 en Alerta. Mientras la audiencia discutía sobre el operativo, la Fiscalía decidió intervenir y solicitar formalmente el material íntegro.

La solicitud oficial que encendió la discusión

Tras la difusión del video, la Fiscalía entregó un oficio dirigido a Jiménez exigiendo el material completo y datos sobre su procedencia. En el documento, se lee la instrucción:

"Solicito a usted de la manera más atenta su colaboración (...) a efecto de que proporcione en un término de 48 horas el video (...) debiendo informar el origen de dicho video, proporcionando además el nombre y número de contacto de la persona que le proporcionó dichas grabaciones".

La reacción del periodista fue inmediata. A través de su cuenta en X, escribió: 

"¡De risa! Pretende la Fiscalía que le revele mis fuentes... (...) Y quiere que lo revele en menos de 48 horas jaja".

"¡De risa! Pretende la Fiscalía que le revele mis fuentes... (...) Y quiere que lo revele en menos de 48 horas jaja".

El señalamiento hizo eco entre periodistas y audiencias debido a las implicaciones que podría tener para la protección de fuentes. Este principio, considerado una piedra angular del ejercicio periodístico, podría verse vulnerado si un periodista es obligado a revelar quién le proporciona información en investigaciones en curso.

La postura de la Fiscalía y la aclaración sobre el origen de la solicitud

Poco después de la publicación de Jiménez, la Fiscalía respondió con su propia versión de los hechos. Expuso que la solicitud no correspondía a una iniciativa de la institución, sino a un mandato judicial derivado de la petición de la defensa involucrada en el caso. 

"El documento completo —incluido lo que obscureciste— señala que un juez ordenó al MP requerirte esa información, por petición de la defensa, no del MP", respondió la dependencia.

En la misma comunicación, añadió que el periodista tenía derecho a acatar la solicitud o a impugnarla si consideraba que vulneraba su labor.

¿Quiénes son Los Belmont que operaban en Iztapalapa?

Los Belmont son un grupo delictivo identificado por autoridades capitalinas como una de las estructuras criminales que operan en la alcaldía Iztapalapa y que mantiene presencia en distintas colonias de la zona oriente. 

De acuerdo con los reportes oficiales, se les relaciona principalmente con actividades de extorsión, así como con prácticas vinculadas al tráfico de drogas, lo que los coloca dentro del espectro de delitos considerados de alto impacto. 

Su operación se enmarca dentro de los parámetros descritos en el Código Penal Federal, que clasifica los delitos contra la salud en apartados como la producción, posesión, tráfico y otras conductas asociadas al manejo de narcóticos. 

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Bajo esta definición legal, sus actividades encajan en lo previsto por el artículo 193, que establece que son punibles los actos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y sustancias ilícitas que representan un problema grave para la salud pública. Dichas acciones, según el Código, abarcan todo aquello que involucre narcóticos en los términos establecidos por la Ley General de Salud y tratados internacionales. L

Las penas aplicables a este tipo de delitos, detalladas entre los artículos 194 y 199, pueden alcanzar entre diez y veinticinco años de prisión, además de multas que van de cien a quinientos días, lo que evidencia la gravedad con la que se sancionan las conductas atribuibles a grupos como Los Belmont.

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