El contrabando marítimo de diésel mueve más de 20 mil millones de dólares al año y ya afecta a gigantes petroleras como Shell.

El CJNG usa empresas de EU para enviar combustible ilegal a México.
El CJNG usa empresas de EU para enviar combustible ilegal a México. Créditos: Especial

El 8 de marzo, mientras los turistas disfrutaban del muelle de Ensenada, un buque poco común apareció en el horizonte. Se trataba del Torm Agnes, un petrolero con bandera danesa que transportaba cerca de 120 mil barriles de diésel, una carga demasiado grande para un puerto turístico sin infraestructura para recibir hidrocarburos inflamables.

Pocas horas después, camiones cisterna comenzaron a alinearse frente al barco. En una maniobra nocturna, los trabajadores llenaban tanques a toda prisa, hasta seis a la vez, utilizando una compleja red de mangueras. A simple vista, parecía una operación profesional. Pero detrás había una red de contrabando transnacional.

El cártel que se volvió energético

De acuerdo con una investigación de Reuters, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha expandido su poder más allá del narcotráfico, dominando el comercio ilícito de combustibles. La organización ha creado un sistema que utiliza buques cisterna, empresas fachada y documentación falsa para introducir diésel y gasolina de Estados Unidos a México, disfrazándolos como "lubricantes industriales" para evadir impuestos.

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Red de huachicol fiscal en México habría contado con participación de empresas de EU. Créditos: Especial

El caso del Torm Agnes revela cómo el cártel opera en coordinación con empresas estadounidenses, entre ellas Ikon Midstream, con sede en Houston, que compró el combustible en Canadá y lo declaró falsamente como lubricante.

Según autoridades mexicanas, la empresa actuó como intermediaria para una red controlada por el CJNG. La maniobra permitió evadir hasta siete millones de dólares en impuestos por un solo cargamento valuado en 12 millones.

Una "flota oscura" y un negocio multimillonario

Los especialistas denominan a estas embarcaciones una "flota oscura", un término tomado del tráfico de crudo ruso o iraní que evade sanciones internacionales. En México, el combustible ilegal representa hasta un tercio del mercado nacional de diésel y gasolina, lo que equivale a más de 20 mil millones de dólares al año. 

La magnitud del negocio ha encendido las alarmas de los gobiernos de ambos países. Washington ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que permita desmantelar las redes de combustible de los cárteles.

En territorio mexicano, la crisis ha salpicado incluso a instituciones antes consideradas intocables.  La Secretaría de Marina, encargada de la seguridad portuaria, enfrenta un escándalo interno por presuntos actos de corrupción ligados a estas operaciones.

"Por ningún motivo toleraremos la corrupción", declaró el almirante Raymundo Morales, secretario de Marina, al confirmar una investigación en curso.

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Un buque petrolero llamado Torm Agnes entró al Puerto de Ensenada, en la costa del Pacífico de México, transportando casi 120 mil barriles de diésel. Créditos: Especial

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Evasión fiscal y corrupción portuaria

El esquema de contrabando está diseñado para burlar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se aplica a combustibles importados. Al registrar el diésel como otro producto petroquímico, los operadores evitan pagar más del 50% del valor de la carga en impuestos.

Para completar la maniobra, se utilizan empresas fantasma, documentos falsos y sobornos a funcionarios aduanales y portuarios que permiten descargar en sitios no autorizados y sin supervisión.

Ensenada no es un caso aislado. Las autoridades estiman que decenas de buques como el Torm Agnes han descargado combustible ilegal en costas mexicanas, repitiendo el mismo patrón: descargas apresuradas, rutas alteradas y registros manipulados.

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Punto de distribución de combustibles de Pemex. Créditos: Especial

El impacto: gasolineras baratas y gigantes que se van

El combustible de contrabando termina principalmente en gasolineras sin marca, fábricas y minas que lo compran con descuentos de entre 5 y 10% respecto al precio del mercado legal.

Esta competencia desleal ha comenzado a expulsar a grandes compañías internacionales, como Shell, que confirmó su salida del negocio minorista en México en mayo pasado.

Fuentes cercanas a la petrolera explicaron que fue imposible competir con el "diésel narco". Mientras tanto, las pérdidas fiscales para México superan los cuatro mil millones de dólares anuales, aunque partidos de oposición como el PAN elevan la cifra a más de diez mil millones, calificándola como "el mayor acto de corrupción en la historia del país".

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Partidos opositores nombran el suceso de Torm Agnes como "el mayor acto de corrupción en la historia de México". Créditos: Especial

Texas, nuevo epicentro del tráfico energético

El negocio ilícito no solo se origina en México. Autoridades estadounidenses han detectado que Texas se ha convertido en un punto clave para las operaciones del CJNG y sus socios empresariales.

"El crimen organizado se ha infiltrado en muchos negocios legítimos en la frontera y más al norte", advirtió Juan Hinojosa, senador estatal de Texas, quien impulsa una ley para regular los depósitos de combustible y castigar el contrabando.

Aunque la legislación sigue detenida, expertos coinciden en que el fenómeno ha reconfigurado el mapa energético de América del Norte, combinando el poder financiero de empresas privadas con la estructura logística de uno de los cárteles más peligrosos del mundo.

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La Marina mexicana ha participado en operaciones contra el huachicoleo.  Créditos: Especial

Una alianza que amenaza la seguridad nacional

El caso del Torm Agnes es apenas una muestra de un negocio que mezcla corrupción, vacíos legales y crimen organizado.

 A medida que las investigaciones avanzan, la frontera energética entre México y Estados Unidos se vuelve cada vez más difusa, y los cárteles, más sofisticados.

Hoy, el CJNG no solo trafica drogas: también mueve millones de litros de combustible, desafiando a gobiernos, corporaciones y al propio Estado mexicano.


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