En las entrañas del huachicol fiscal: entre contradicciones y daños millonarios al erario

El huachicol fiscal, una práctica sofisticada de contrabando que consiste en introducir gasolina y diésel al país bajo la apariencia de otros productos, se ha convertido en uno de los mayores retos fiscales y de corrupción para el gobierno de Sheinbaum. Lo que comenzó como un intento por estimar el daño económico al Estado mexicano terminó revelando contradicciones dentro del propio gabinete federal y un escándalo que alcanza a la Marina.

El origen del conflicto se remonta al 2 de octubre, cuando la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, compareció ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y aseguró que el daño por huachicol fiscal ascendía a 600 mil millones de pesos más de 32 mil millones de dólares. La declaración encendió las alarmas dentro y fuera del Gobierno. En cuestión de horas, la cifra circuló en medios nacionales e internacionales como una estimación oficial del tamaño del saqueo.

Sin embargo, una semana después, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que existiera un cálculo definitivo. Desde Palacio Nacional, aclaró que la Secretaría de Hacienda aún no cuenta con una cifra oficial y que el monto sigue "en proceso de conciliación".

"No hay un dato de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible, no existe a la fecha porque tenemos que cuadrar toda la información", dijo la mandataria durante su conferencia matutina del jueves.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, también intentó matizar la situación al señalar que los 16 mil millones de pesos reportados ante la Fiscalía General de la República (FGR) corresponden al conjunto de querellas presentadas a lo largo de varios años, y no al total de las pérdidas. "Es el saldo histórico de varios casos querellados, no de un solo proceso", puntualizó.

Las declaraciones cruzadas evidenciaron una falta de coordinación institucional que ha marcado el caso desde su inicio. Mientras tanto, los mecanismos de contrabando y evasión fiscal continúan operando en los márgenes del sistema aduanero mexicano.

Altos mandos de la Marina, bajo sospecha

El caso cobró fuerza cuando se reveló que en la red de contrabando están implicados miembros de la Secretaría de Marina (Semar). Entre ellos destacan Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con las investigaciones, la operación consistía en importar combustibles con facturas falsas, haciéndolos pasar por aceites u otros productos menos gravados. El combustible ingresaba por rutas portuarias controladas por la Marina, lo que habría facilitado su encubrimiento.

En septiembre, las autoridades detuvieron a 14 personas, entre ellas varios oficiales de alto rango, en lo que el gobierno calificó como el golpe más importante contra la corrupción en lo que va de la administración de Sheinbaum. Sin embargo, las investigaciones continúan y podrían alcanzar a más funcionarios.

Un daño que sigue sin calcularse

Un informe de la consultora Petro Intelligence estima que en 2024 circularon en México 18 mil millones de litros de combustible ilegal, equivalentes al 30% del consumo nacional. Según sus cálculos, el daño a las finanzas públicas sería de más de 6 mil millones de dólares, una pérdida que impacta directamente en programas sociales y obras públicas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también ha detectado inconsistencias entre las importaciones registradas y las ventas en estaciones de servicio, lo que confirma la magnitud del problema.

Aun así, no hay una cifra definitiva. El gobierno insiste en que las investigaciones siguen abiertas y que el monto final se conocerá hasta que se revisen todos los expedientes.

Expertos fiscales advierten que el impacto va más allá de las pérdidas económicas: el huachicol fiscal distorsiona el mercado energético, fomenta la competencia desleal y reduce la recaudación tributaria, especialmente en un contexto de desaceleración económica y aumento del gasto público.

Un desafío para Sheinbaum

El tema representa un reto político y financiero para la presidenta. Aunque el gobierno anterior se centró en combatir el robo de ductos, ahora el problema es más complejo: una red de evasión fiscal que opera con documentos falsos y complicidad institucional.

Sheinbaum ha prometido llegar hasta el fondo y castigar a los responsables, pero las contradicciones entre Hacienda, la Procuraduría Fiscal y la FGR ponen en duda la coordinación del gobierno para cuantificar, y frenar, el saqueo. "Estamos revisando caso por caso. No vamos a proteger a nadie", aseguró la presidenta.

Sin embargo, la falta de una cifra clara y la implicación de mandos militares han comenzado a tensar la relación entre las instituciones civiles y las Fuerzas Armadas, un pilar clave del aparato de seguridad y control aduanero del país.

Un problema que no es nuevo

El contrabando de combustibles no es un fenómeno reciente. Desde hace décadas, México enfrenta redes dedicadas a importar gasolina de forma irregular. Pero ahora el impacto es mucho mayor, tanto por las pérdidas económicas como por la participación de funcionarios del Estado.

Expertos en energía advierten que este tipo de contrabando distorsiona el mercado, reduce la recaudación fiscal y afecta a los consumidores, ya que algunos combustibles ilegales se venden a menor precio y sin controles de calidad.

Mientras el gobierno intenta poner orden, la magnitud del huachicol fiscal sigue siendo incierta. Lo que sí está claro es que las pérdidas multimillonarias golpean directamente al país, en un momento en que cada peso cuenta para mantener los programas sociales y los proyectos prioritarios de la administración.

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