DE NUEVO BAJO LA LUPA
Gas Silza: el grupo propietario de la pipa que explotó que ya había sido expuesto por corrupción
Gas Silza, filial de Grupo Tomza, fue señalada tras la explosión en Iztapalapa. La tragedia reaviva acusaciones de corrupción y abusos contra el consorcio.
La explosión de una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP en Iztapalapa marcó a la Ciudad de México el pasado 10 de septiembre. El saldo oficial hasta ahora es de cuatro muertos, 90 heridos y decenas de vehículos calcinados.
Esta tragedia volvió a colocar en el centro de la polémica a Gas Silza, filial de Grupo Tomza, conglomerado señalado durante por prácticas monopólicas, corrupción y presuntos beneficios indebidos con Pemex.
Grupo Tomza bajo la lupa
Fue en 2017 cuando el portal Vorágine, publicó el reportaje Familia Zaragoza: la corrupción huele a gas. En éste, se detalla que el conglomerado, fundado por Tomás Zaragoza Fuentes y continuado por sus hijos, concentra más del 70 por ciento del mercado nacional de gas LP.
Su red incluye marcas como Unigas, Gasomático, Gas y Servicio, Gas Chapultepec y Gas Silza, todas operando con distintas razones sociales en gran parte del país. Según el texto, este esquema ha permitido que la compañía expanda su influencia sin ser percibida como un monopolio formal, aunque en la práctica domina el sector.
De acuerdo con su portal, Grupo Tomza cuenta con 101 plantas de gas, cinco terminales terrestres y dos marítimas, además de operaciones en 16 estados de México y en países de Latinoamérica. Gas Silza, en particular, inició operaciones en 1993 en la carretera Tijuana-Tecate.
Corrupción y abusos documentados
El reportaje también señala que la empresa ha usado múltiples nombres para encubrir su dominio y que los Zaragoza han acumulado fortunas en el extranjero. Según ese texto, los miembros de la familia “camuflan con otros nombres las empresas gaseras que tienen en casi todo el territorio nacional”.
Según se señala, los consumidores han acusado durante años que las pipas entregan cargas incompletas, con reducciones de entre 10 y 15 por ciento en cilindros y tanques estacionarios. Según cálculos periodísticos, estas prácticas representarían ganancias ilícitas cercanas a los 50 millones de pesos mensuales.
El columnista Francisco Rodríguez, autor del artículo, denunció que empleados de Tomza sobornaban a inspectores de Profeco para evitar sanciones, y que quienes se negaban a aceptar dinero eran amenazados:
“Andan armados y, seguro, carecen del permiso de portación de arma de fuego, lo que en automático los convierte en una especie de guerrilleros. Estas prácticas tienen ya más de 25 años”.
Negocios con Pemex
Otro frente de acusaciones apunta a los vínculos de Tomza con Pemex. Quadratín señaló que en 2018 el consorcio habría recibido descuentos del 34 por ciento en el gas LP, muy por encima del promedio de 13 a 15 por ciento, lo que habría significado pérdidas millonarias para la petrolera estatal.
Luis Carriles, en su columna Aguas profundas de El Sol de México, señaló irregularidades en la formación de precios del gas LP y la necesidad de revisar los contratos y márgenes aplicados en la cadena de distribución.
“No obstante, hasta ahora no existe un registro público que confirme de manera documental que Grupo Tomzahaya intentado colocar cargamentos de gas LP a Pemex con precios fuera del mercado”, indica Quadratín.
Para críticos del sector, estas ventajas reflejan la complicidad de funcionarios con el grupo gasero. A pesar de quejas ciudadanas y denuncias de corrupción, las autoridades no han impuesto sanciones proporcionales.
La contradicción de los seguros
Tras la explosión, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) reveló que el vehículo no contaba con pólizas de seguro vigentes registradas:
"En lo que va de 2025 Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro (...) Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre un seguro vigente ante la ASEA".
Sin embargo, horas más tarde la propia empresa difundió un comunicado donde afirmó lo contrario:
"Extendemos nuestro sincero apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias (...) Como empresa, asumiremos con plena seriedad nuestra responsabilidad social y legal frente a lo sucedido".
Gas Silza aseguró que la pipa contaba con tres seguros activos, uno con Chubb Seguros México, otro con Qualitas y un tercero con AXA Seguros, y que las coberturas ya habían sido activadas para atender a las víctimas.
Investigación en curso
La ASEA, la Comisión Nacional de Energía y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX mantienen operativos de inspección en la zona. Los peritajes determinarán si hubo fallas mecánicas, negligencia o incumplimiento en protocolos de seguridad.
Las autoridades capitalinas advirtieron que, de comprobarse irregularidades, se impondrán sanciones conforme a la ley.
La Fiscalía anunció que en coordinación con el Gobierno capitalino ya abrió una investigación por la explosión de la pipa de gas ocurrida este 10 de septiembre debajo del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
"Se trabaja en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Insdustrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), a fin de determinar si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente".
Acoso a periodistas
La sombra de corrupción que envuelve a Tomza también alcanza a sus vínculos políticos. En redes sociales, periodistas como Alejandro Meléndez, director de Periodistas Unidos, recordó que Gas Silza y su filial Grupo Zeta Gas, liderada por Jesús Alonso Zaragoza López, hijo de Tomás Zaragoza, emprendieron acciones judiciales contra periodistas que documentaron sus nexos con el exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y Pemex.
Los comunicadores Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez fueron objeto de acoso judicial y amenazas de muerte tras revelar esquemas de corrupción. Estos antecedentes, junto con la actual tragedia, refuerzan la percepción de que el grupo actúa con respaldo político y económico para sortear cualquier señalamiento.
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