TESTIMONIOS LO VÍNCULAN CON EL NARCO
FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr.; exige prisión preventiva
La FGR impugnó la libertad condicional de Julio César Chávez Jr. y pidió prisión preventiva, acusándolo de vínculos con el narco y tráfico de armas.
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la decisión del juez de control Enrique Hernández Miranda, en Sonora, que otorgó libertad condicional a Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, para enfrentar su proceso judicial fuera de prisión. La medida ha causado controversia debido a la gravedad de los delitos que se le imputan.
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El recurso de la Fiscalía
El recurso fue presentado formalmente por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. Será un Tribunal Colegiado el que determine si la resolución judicial se ajusta a derecho o si debe revocarse para ordenar que Chávez Jr. permanezca en prisión preventiva.
De acuerdo con la FGR, "los delitos imputados —delincuencia organizada y tráfico de armamento— requieren prisión preventiva". La institución argumenta que mantenerlo en libertad representa un riesgo para el desarrollo de las investigaciones y podría entorpecer las indagatorias en curso.
Las acusaciones contra Chávez Jr.
El exboxeador enfrenta uno de los procesos más complejos de su vida, con señalamientos de vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Entre las pruebas presentadas se encuentran escuchas telefónicas de 2019 donde presuntos criminales, incluido Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", lo mencionan como un "esbirro" encargado de golpear a subordinados.
Según estas grabaciones, "El Nini" supuestamente afirmaba que Chávez Jr. "golpea fuerte" y lo utilizaba como mecanismo de castigo.
Además, un informe de la DEA lo identifica como sujeto de investigación, junto con hallazgos materiales como una bata de boxeo con su nombre encontrada en propiedades relacionadas al cártel. Testimonios de terceros también lo ubican en contextos vinculados al crimen organizado.
La decisión del juez y la defensa
El pasado 23 de agosto, el juez Hernández Miranda vinculó a proceso a Chávez Jr., pero consideró que no se justificaba mantenerlo en reclusión y le concedió libertad condicional. Argumentó que existían otras medidas cautelares suficientes para garantizar el proceso.
El 24 de agosto, el exboxeador abandonó el penal y se reunió con su familia. Entre las restricciones impuestas se encuentra la prohibición de salir del país, no contactar testigos ni agentes involucrados y presentarse periódicamente ante las autoridades.
La defensa sostiene que "no existen actos de violencia recientes" y que las pruebas son "especulaciones" o simples "menciones casuales".
El contexto del caso
Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos el 3 de julio de 2025 por autoridades migratorias, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en 2023. Posteriormente fue deportado a México el 20 de agosto y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 11, en Hermosillo, Sonora.
Durante la audiencia inicial, la FGR presentó 21 pruebas que, según su versión, lo vinculan directamente con actividades criminales. Estas fueron consideradas suficientes para la vinculación a proceso, pero no para justificar prisión preventiva, lo que abrió un debate jurídico.
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Lo que sigue
El recurso de revisión fue presentado el 29 de agosto. Ahora, el Tribunal Colegiado de Apelación en Sonora tendrá la última palabra. El análisis podría demorar hasta tres meses y el fallo definirá si Chávez Jr. puede seguir su proceso en libertad condicional o si deberá continuar en prisión preventiva.
El caso ha generado un enorme interés mediático debido a la notoriedad del acusado y por tratarse de delitos que tienen un alto impacto en la seguridad nacional. La resolución que adopte el tribunal sentará un precedente en la aplicación de medidas cautelares en procesos vinculados con la delincuencia organizada.
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