INSEGURIDAD
Captan a funcionario de seguridad de Erongarícuaro disparando rifle AK-47 en área pública
El funcionario podría enfrentar penas agravadas y destitución si se confirma el delito federal de uso de armas exclusivas del Ejército.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán abrió una investigación contra Pedro Salvador Arias Alvarado, director de Seguridad Pública del municipio de Erongarícuaro, luego de la aparición de un video en el que se le observa disparando un rifle AK-47, también conocido como "Cuerno de Chivo", un arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Este tipo de armamento, reservado por ley para las fuerzas armadas, no puede ser utilizado ni por civiles ni por cuerpos policiales municipales o estatales, y su uso está regulado estrictamente en México.
El video, que dura apenas nueve segundos, muestra a un hombre vestido de civil disparando el arma hacia un área despoblada. Las autoridades han confirmado que el individuo en cuestión es Arias Alvarado, quien asumió el cargo de director de Seguridad Pública de Erongarícuaro el pasado 24 de septiembre y es también miembro activo de la Guardia Civil de Michoacán.
La Secretaría de Seguridad Pública expresó que la conducta capturada en el video representa un incumplimiento directo de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Investigación por uso indebido y colaboración con la FGR
Tras la difusión de las imágenes, la SSP, a través de su área de Asuntos Internos, abrió una carpeta de investigación para indagar sobre el posible "uso indebido de un arma de fuego". En coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), el caso es analizado como un presunto delito federal, debido a la gravedad de portar y utilizar armamento prohibido fuera de los marcos legales.
El Código Penal Federal clasifica la posesión y portación de armas exclusivas del Ejército, como el AK-47, como un delito de alta gravedad, imponiendo sanciones de hasta 30 años de prisión para quienes sean encontrados culpables. Además, el delito incluye decomisos y, en ocasiones, multas adicionales que buscan impedir el uso ilegal de estas armas, que están catalogadas entre las más letales.
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Cuando un funcionario público incurre en esta falta, la ley establece un aumento en la sanción de hasta la mitad de la pena estipulada y la destitución automática del cargo, así como la inhabilitación para ocupar puestos públicos.
La SSP de Michoacán reiteró su política de cero tolerancia ante actos que violen las normas establecidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, señalando que la colaboración con la FGR en este caso será exhaustiva y transparente
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