- 16 de abril de 2026
Entre la soberanía energética y los riesgos ambientales, México analiza el uso del fracking con respaldo académico y promesas de consulta a comunidades.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reabierto uno de los debates más controvertidos en materia energética: el uso del fracking para extraer gas natural en México. A diferencia de administraciones anteriores, la estrategia actual combina dos ejes centrales: el respaldo científico y la consulta social.
Este enfoque plantea un cambio de ruta. Antes de autorizar cualquier proyecto, el gobierno federal busca apoyarse en especialistas y, al mismo tiempo, considerar la opinión de las comunidades que podrían verse afectadas. La decisión final, ha insistido la administración, no será inmediata ni unilateral.
Un comité científico para tomar decisiones
Como primer paso, la presidenta anunció la creación de un comité científico de alto nivel que analizará la viabilidad del fracking en el país. Este grupo está integrado por especialistas de instituciones como la UNAM, el IPN, la UAM, además del Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Entre sus integrantes destacan perfiles técnicos y académicos con experiencia en áreas clave como recursos hídricos, energía y geociencias: Jesús Humberto Romo Toledano; Samuel Alejandro Lozano; Blanca Jiménez; Carlos Aguilar; Erick Emanuel Luna, y Ana María. También participan representantes institucionales como Leonardo Lomelí, Gustavo Pacheco y Arturo Reyes, mientras que la coordinación está a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez.
El comité deberá evaluar en qué condiciones podría aplicarse esta técnica, en qué regiones sería viable, con entidades como Coahuila en el radar, y cuáles serían sus impactos en el medio ambiente, el agua y las comunidades. En un plazo de dos meses presentará un primer dictamen técnico que servirá como base para la toma de decisiones.

¿Qué es el fracking y por qué genera debate?
El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo atrapados en rocas profundas, conocidas como lutitas. El proceso consiste en perforar el suelo de forma vertical y luego horizontal, para después inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y químicos que rompe la roca y libera los hidrocarburos.
Esta técnica ha permitido a países como Estados Unidos aumentar de forma significativa su producción energética, lo que la convierte en una alternativa atractiva para reducir la dependencia de importaciones.
Sin embargo, también ha generado un fuerte debate por sus impactos. Entre las principales preocupaciones están el uso intensivo de agua, millones de litros por pozo, el riesgo de contaminación de acuíferos, posibles afectaciones a la salud por los químicos utilizados y la generación de microsismos. A ello se suma el impacto social, ya que estos proyectos pueden provocar tensiones en las comunidades donde se busca implementarlos.

Soberanía energética y cambio de postura
El análisis del fracking parte de un problema estructural: la alta dependencia de México del gas natural importado. Actualmente, cerca del 75% del consumo nacional proviene del extranjero, principalmente de Estados Unidos, lo que representa un reto tanto económico como estratégico.
El gas natural es fundamental para la generación de electricidad y el funcionamiento de la industria, por lo que garantizar su abasto se ha convertido en una prioridad para el gobierno federal. En este contexto, se plantea que el desarrollo del gas no convencional podría fortalecer la producción interna y reducir la dependencia externa.
Este enfoque también refleja un cambio en la postura de la presidenta. Durante años, Sheinbaum se manifestó en contra del fracking; sin embargo, ahora sostiene que es necesario evaluar su viabilidad a partir de evidencia científica y de los avances tecnológicos.
Entre estos avances se encuentran el uso de químicos menos contaminantes, el reciclaje del agua y mejores controles en los procesos de extracción. Aun así, ha subrayado que cualquier decisión deberá equilibrar la necesidad energética con la protección ambiental.
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Comunidades, consultas y límites del proyecto
Uno de los ejes centrales del nuevo enfoque es la participación social. El gobierno ha asegurado que no se desarrollará ningún proyecto sin considerar la opinión de las comunidades involucradas, aunque aún no se define el mecanismo específico de consulta.
Además, se ha descartado la participación de empresas trasnacionales en la explotación del gas, aunque se reconoce que podría ser necesario recurrir a tecnología desarrollada en el extranjero.

La reactivación del debate ha generado críticas de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre los riesgos de esta técnica y cuestionan la independencia del comité. Por ahora, el gobierno sostiene que no existe una decisión tomada y que todo dependerá de los estudios técnicos y del diálogo social.
El dilema sigue abierto: avanzar hacia la autosuficiencia energética sin comprometer los recursos naturales ni el bienestar de las comunidades. La discusión apenas comienza y será clave para definir el rumbo energético del país.
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