- 26 de junio de 2025
Los bancos habrían operado esquemas de lavado y sostenido vínculos directos con cárteles mexicanos, según el Departamento del Tesoro.

El gobierno de Estados Unidos lanzó un golpe sin precedentes contra el sistema financiero mexicano. En una ofensiva ligada al combate del tráfico de fentanilo, el Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó a tres bancos mexicanos de facilitar operaciones de lavado de dinero relacionadas con cárteles del narcotráfico.
CIBanco, Intercam y Vector fueron clasificados como "entidades de principal preocupación" por su presunta implicación en esquemas financieros que apoyan la producción y distribución de opioides. De acuerdo con las autoridades, estas instituciones participaron en transacciones multimillonarias destinadas a adquirir precursores químicos desde China, fundamentales para la elaboración de fentanilo.
En los informes, también se mencionan reuniones directas con miembros de cárteles y ejemplos concretos de operaciones irregulares que, según Washington, ponen en entredicho los controles internos del sistema bancario mexicano.
CIBanco: vínculos con el CJNG, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva
El informe de FinCEN destaca que CIBanco, con activos por más de 7 mil millones de dólares, mantiene una relación de largo plazo con organizaciones criminales mexicanas, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el de los Beltrán Leyva. Las autoridades estadounidenses aseguran que la institución permitió transacciones ligadas al tráfico de opioides y la compra de precursores químicos provenientes de China.

En 2023, según el informe, un empleado de CIBanco habría facilitado la apertura de una cuenta para lavar 10 millones de dólares a favor del Cártel del Golfo. Además, entre 2021 y 2024, procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas mexicanas a compañías chinas involucradas en la distribución de insumos para fabricar fentanilo.
CIBanco respondió a las acusaciones señalando que mantiene una operación sujeta a supervisión constante por parte de Hacienda, Banco de México, la CNBV y el IPAB. "No mantenemos relación con actividades ajenas a la legalidad", sostuvo en un comunicado, donde reiteró su apego a la normativa financiera nacional e internacional.
Intercam: reuniones con el narco y transacciones millonarias
Banco Intercam, que maneja activos por 4 mil millones de dólares, también fue señalado por FinCEN. El documento menciona un historial de colaboraciones con el CJNG y advierte que la institución procesó transferencias en dólares para financiar compras ilícitas en China. Un episodio especialmente preocupante ocurrió a finales de 2022, cuando ejecutivos de Intercam presuntamente se reunieron con integrantes del CJNG para negociar esquemas de lavado de dinero.

El informe asegura que una empresa china, vinculada al envío de precursores químicos a México, recibió más de 1.5 millones de dólares a través de transferencias canalizadas por Intercam.
Ante las imputaciones, el banco negó rotundamente su participación en actividades ilícitas. "Nos regimos por normas estrictas en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo", declaró en un comunicado. También aclaró que sus subsidiarias en Estados Unidos no están involucradas y que mantiene diálogo permanente con las autoridades financieras mexicanas.
Vector: operaciones sospechosas desde hace más de una década
Vector, con casi 11 mil millones de dólares bajo gestión, fue la tercera entidad señalada. El gobierno de EU le atribuye haber facilitado operaciones a favor del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo.
Según la acusación, entre 2013 y 2021, un operador del Cártel de Sinaloa lavó 2 millones de dólares a través de Vector. Entre 2018 y 2023, la casa de bolsa también procesó más de 1 millón de dólares en pagos desde México hacia empresas chinas sospechosas de enviar insumos para drogas sintéticas.

El Departamento del Tesoro advirtió que estas actividades reflejan "fallas significativas" en los controles internos contra el lavado de dinero. Vector Casa de Bolsa rechazó las acusaciones, asegurando que las transacciones mencionadas fueron realizadas con compañías legalmente registradas y bajo prácticas ordinarias del mercado.
La postura de Hacienda y las consecuencias en México
Ante la gravedad del señalamiento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió con cautela. La dependencia, encabezada por Edgar Amador, aseguró que mantiene un canal de diálogo con el Departamento del Tesoro, bajo principios de soberanía y cooperación.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que, hasta ahora, no ha recibido evidencia concreta que confirme la comisión de delitos. Los únicos datos verificables —dijo— son transferencias electrónicas entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente establecidas, lo que, en un contexto de comercio bilateral, no implica por sí solo una actividad ilícita.

A pesar de ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició auditorías a las tres instituciones. Como resultado, se impusieron sanciones administrativas por un monto total de 134 millones de pesos, relacionadas con deficiencias en sus controles internos.
"La instrucción de la presidenta de México es clara: no encubrir a nadie y actuar conforme al Estado de derecho", recalcó Hacienda en su posicionamiento, al tiempo que dejó abierta la puerta a nuevas acciones si se presentan pruebas concluyentes.
¿Un nuevo frente en la guerra contra el fentanilo?
La acusación de Estados Unidos marca un cambio en la estrategia contra el tráfico de fentanilo: ya no se limita a los decomisos de droga o detenciones de capos, sino que apunta a las estructuras financieras que, presuntamente, permiten su expansión global. Si se comprueba su responsabilidad, las consecuencias para CIBanco, Intercam y Vector podrían ir desde sanciones económicas hasta restricciones para operar con instituciones internacionales.
Mientras tanto, el sistema financiero mexicano queda bajo un reflector incómodo, con tres de sus actores más visibles señalados por colaborar —intencionalmente o por omisión— con una de las industrias criminales más letales del siglo XXI.
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