Crisis en Guerrero: entre extorsionadores, violencia y la renuncia de los secretarios de Gobierno

A siete días del asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta en un retén policial, ocurrido el pasado 7 de marzo, y ante los recientes hechos de violencia que se han registrado en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado, informó este jueves que aceptó las renuncias del secretario de Gobierno, Ludwick Marcial Reynoso Núñez y del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera. Asimismo, dijo que a lo largo del día solicitará al Congreso local la remoción de la fiscal general del estado, la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón. 

Salgado Pineda reiteró que su administración en la entidad reafirma la total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, con la verdad, con la justicia y con el bienestar del pueblo de Guerrero.

"En guerrero, hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, que estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el gobierno de México que encabeza nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien le reconocemos su liderazgos y compromiso con la justicia y la no impunidad en éste y en todos los casos"

La aceptación de la renuncia y remoción de los funcionarios había trascendido desde el pasado 12 de marzo, cuando un grupo de normalistas irrumpió con petardos y piedras las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde además le prendieron fuego a al menos once vehículos que se encontraban en el aparcamiento del organismo. En medio de la protesta, cuatro trabajadores del Ministerio Público resultaron heridos y la intervención del Ejército, la Guardia Nacional y la policía para disipar a los manifestantes, culminó en un fuerte enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los estudiantes.  

Ayotzinapa: autoridades de Guerrero crearon pruebas para justificar el asesinato de Yankhi Kothan 

La noche del jueves 7 de marzo, sobre el viejo libramiento que va a Tixtla, elementos de la policía estatal asesinaron de un tiro en la cabeza Yanqui Kothan Gómez Peralta. Cuatro horas después del asesinato, a las 3 de la madrugada, los secretarios de Gobierno, Reynoso Núñez y Solano Rivera, dieron una conferencia en la que dijeron que todo se trató de un enfrentamiento. 

En un primer momento, acusaron a los normalistas de movilizarse en un vehículo robado, poseer drogas, alcohol y disparar primero contra los policías estatales. Sin embargo, con el paso de los días, toda esta versión se fue cayendo. Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que la actuación de los agentes constituyó en un "abuso de autoridad". No solo eso: afirmó que los policías dieron una versión falsa de lo sucedido y los desmintió, asegurando que los jóvenes  no llevaban armas ni tampoco dispararon. 

En su conferencia matutina del 12 de marzo, AMLO también dio a conocer, la fuga del agente estatal acusado de disparar contra el normalista: "Se va intensificar la búsqueda de este policía y pido a la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, que nos ayuden porque necesitamos detenerlo", señaló.

A partir de sus declaraciones, las autoridades de Guerrero han incurrido en contradicciones por la fuga del policía, mientras que las protestas de los estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidros Burgos' se intensificaron. 

Las autoridades de Guerrero fueron acusadas de construir otra "verdad histórica", esta vez referente al caso del joven Yanqui Kothan, pues desde el inicio de la investigación comenzaron las irregularidades. La escena del crimen fue alterada por los policías estatales, quienes se llevaron la camioneta donde viajaban los normalistas, sin que una autoridad ministerial realizara los peritajes.

El acta de defunción confirmó que los normalistas no iban ni alcoholizados ni borrachos. El peritaje de balística determinó que la camioneta donde viajaban recibió cuatro balazos con una dirección de fuera hacia dentro, y por si fuera poco también se determinó que en la camioneta no hallaron casquillos de la supuesta arma que llevaban los normalistas.

Lo último fue la fuga del policía que disparó a Yankhi Kothan. La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado se han echado la culpa por la custodia del agente. Sin embargo, el Centro de Defensa de Derechos de las Víctimas de Violencia. Minerva Bello, acusó al Ministerio Público de omisión al no haber solicitado la medida cautelar de prisión preventiva contra los tres agentes.

El 13 de marzo, dos de los tres oficiales involucrados en el asesinato del normalista de Ayotzinapa, se entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR). Los elementos, identificados como Francisco ´N´ y Sigifredo ´N´, fueron puestos a disposición de las autoridades por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y abuso de autoridad. Sin embargo, el elemento de seguridad que disparó el arma contra Yanqui Kothan, mismo que le quitó la vida, aún continúa prófugo.

Solo un día antes del homicidio, el 6 de marzo, un grupo de estudiantes entre los que presuntamente se encontraba Kothan derribó una de las puertas de Palacio Nacional en la Ciudad de México mientras López Obrador ofrecía su conferencia diaria de prensa. Era una forma de ejercer presión para que el jefe del Ejecutivo aceptara reunirse con los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes a casi 10 años de su desaparición siguen sin respuestas por el crimen. 

Violencia paraliza al estado de Guerrero

A raíz de lo que se vive en Ayotzinapa, otra serie de episodios han ensombrecido a Guerrero. La escalada de violencia que enfrenta el estado también ha golpeado al sector público;  específicamente a los operadores y conductores del transporte ligero y pesado a manos del crimen organizado. 

Desde inicios de 2024, municipios del estado de Guerrero como Taxco de Alarcón, Chilpancingo, Tixtla, Tlapa e Iguala, son asediados por la violencia, dirigida principalmente a conductores del transporte público. 

Durante el primer fin de semana de febrero, seis conductores de taxi fueron asesinados en el municipio de Chilpancingo, capital del estado, lo que generó la suspensión del servicio del transporte público. Dos semanas después, se dieron dos nuevos casos, uno en el mismo municipio y otro en Iguala, mientras que el homicidio de un conductor de bus en Taxco de Alarcón, desató una huelga entre los transportistas, que se extendió por varios municipios a falta de garantías de seguridad.

Detrás de los homicidios recientes, parece estar la disputa de grupos criminales como la Familia Michoacana, Los Tlacos, Los Ardillos, el CJNG, Los Rusos y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) por el control de territorios clave para la extorsión.

De acuerdo con algunas organizaciones, como International Crisis Group, en Guerrero operan alrededor de 40 células criminales, las cuales se disputan entre sí el acceso a rentas en diferentes territorios. Si bien el narcotráfico y la extorsión son las principales actividades de estos grupos criminales, la primera ha perdido fuerza ante la última. 

Guerrero fue considerado un estado clave para el cultivo de marihuana y amapola; sin embargo, ante la llegada de las drogas sintéticas, como el fentanilo y la metanfetamina, estas drogas de origen natural perdieron su valor, lo que llevó a los campesinos a sustituir sus cultivos y a los grupos criminales a diversificar sus negocios principalmente a partir de la extorsión. 

A partir de allí, las organizaciones criminales han extendido el cobro al transporte público, operadores turísticos, tiendas, empresarios, comercios y hasta servicios de internet. Con esto, la violencia se ha expandido hacia estos sectores, pues quienes se niegan a pagar los cobros o a cumplir las normas, corren el riesgo de ser asesinados.

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