¿Qué le debe el Estado a las familias desplazadas por un feminicidio?

A María Magdalena, Lorena y Norma, la violencia feminicida no sólo les arrebató a sus hijas, también sus derechos. Así han tenido que sortear un camino de dificultades que las propias instituciones les han marcado, cuando estas deberían defenderlas y protegerlas. 

• PARTE I: Escondidos, amenazados y sin derechos: así vive la familia de Fernanda Sánchez Velarde tras su feminicidio
• PARTE II: "Esto es un infierno": tras el feminicidio de Fátima, su familia vive como prisionera en su propio país
• PARTE III: "Me voy a morir sin ver justicia": Norma tuvo que huir de Chihuahua por buscar castigo para los asesinos de su hija

Quinto Poder platicó con cuatro especialistas que acompañan a víctimas de violencia de género. ¿Qué le debe el Estado Mexicano a las familias desplazadas por un feminicidio? Justicia y respeto a sus derechos humanos.

Para la abogada feminista Anayeli Pérez Garrido, directora de la organización Justicia Pro Persona, el Estado no protege los derechos de las familias de víctimas de feminicidio y esta constante es visible sexenio con sexenio. 

"El Estado es un administrador del dolor. A las víctimas se les da medianamente algo. A veces se les otorga un tipo de apoyo, pero no es una política pública con la visión de prevenir el delito. Le dan una cosa a una persona, otra a alguien más. Una víctima de feminicidio debería saber sí o sí qué le corresponde luego de vivir un hecho violento".

Pérez Garrido asegura que este es un tema abandonado por los gobiernos. No se puede hablar sobre si han habido avances o retrocesos debido a que "no hacen nada". 

Los esfuerzos que se tienen son gracias a organizaciones, quienes desde distintos flancos han impulsado movimientos para presionar a los gobiernos federal y estatales. 

"No hay empatía, hay indiferencia. Hace falta replantearnos, cuestionarse qué están haciendo las personas en el servicio público, cuál es su aporte. Que haya autocrítica de quienes están en los puestos sobre qué hacen ahí y para qué están", destaca Pérez Garrido. 

Desplazamiento, un castigo para las víctimas

Rodolfo Domínguez Márquez, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), destaca que el desplazamiento forzado es "una medida de las más extremas, porque se afecta un plan de vida". 

Pese a que se debería buscar la seguridad de las familias, el desplazamiento es más visto como un castigo por las madres y padres.

Cuando se da un desplazamiento, se pone en evidencia la fragilidad del sistema de atención a víctimas, pues no se garantizan mecanismos que ayuden a las familias a hacer frente a estas situaciones provocadas por la lucha que realizan, destaca Domínguez Márquez.

"Las familias no podrían subsistir sin los apoyos mínimos que les brindan las autoridades, pero son insuficientes pues su vida se ve truncada por este tipo de delitos. No se está dimensionado esta realidad. ¿Cuánto vale la vida y el efecto devastador que el feminicidio provoca?".

¿Qué abandona una familia desplazada? 

Ximena Ugarte Trangay, asesora jurídica del OCNF e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), expresa que al enfrentar un desplazamiento, las víctimas deben ser vistas como sujetas de derechos. 

"Que se deje de pensar en las víctimas como sujetos de ayuda y que realmente se les considere como sujetos de derechos, quienes han logrado acompañamiento porque ellas y ellos han luchado por esos espacios". 

La familia desplazada abandona el lugar donde la niña o mujer que fue víctima de feminicidio vivió, creció, donde convivieron con ella. 

El desplazamiento también implica que las madres y padres estarán lejos del domicilio donde se llevan a cabo las investigaciones o juicios. 

"Hay una pérdida de identidad por parte de la familia porque se les manda a otro espacio, tienen que vivir escondidos porque están dentro de una medida de protección, esto les impide tener cosas tan básicas como una identificación oficial, no pueden tener trabajo, votar. Se les roba su personalidad jurídica y comunitaria", destaca Ugarte Trangay. 

Deben dejar casas que les pertenecían para vivir en un lugar rentado. Abandonan negocios o trabajos estables que incluso les podrían suponer una pensión de retiro. 

Sin embargo, todo esto no se considera por parte del Estado para aplicar una medida tan drástica como un desplazamiento.

• Cuando el Estado dicta la medida de protección

La abogada en los casos de la familia Sánchez Velarde y Quintana Gutierrez destaca que el primer paso para dictar una extracción (desplazamiento) debería ser una valoración de riesgo, a través de la cual se analicen las condiciones estructurales de las familias, sus usos, costumbres y patrones educativos.

Y es que destaca que en ocasiones a las familias se les envía a un lugar sin saber si es el más adecuado para ellas y ellos. 

Luego de esta valoración de riesgo, debería buscarse la manera menos impactante de hacer el traslado de la familia. 

Posteriormente se debe garantizar de manera integral la vida digna que requieren las víctimas protegidas por el Estado Mexicano.

• Cuando una familia huye sin una medida dictada por el Estado 

Por otro lado (y en la mayoría de los casos) cuando una familia decide por sí misma desplazarse a otro lugar por cuestiones de seguridad, queda aún más a la deriva. 

En estos casos se deja de visibilizar o proteger la integralidad de la vida de las víctimas: su salud, su educación, su alimentación, el pago de la renta, "lo que necesita una persona para vivir dignamente". 

Ante la problemática que genera un desplazamiento, son las propias víctimas las que tienen que gestionar el pago de sus necesidades. 

"Esto se convierte en una carga desproporcionada para los familiares, cuando en realidad debería ser como cualquier programa de protección a víctimas y testigos, que hubiera un plan de seguimiento y tuviera un término. Hasta qué momento esta medida de desplazamiento es necesaria y que incluso se considere si esta deberá ser permanente. Es decir, ya no sería de emergencia, sino de reparación", destaca la defensora del OCNF. 

¿Qué debe otorgar el Estado a las víctimas?

Alejandra Cartagena, abogada feminista y vicecoordinadora de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), destacó que las familias son víctimas de una multiplicidad de violaciones y el Estado ha quedado corto para atender los estragos de la violencia y sobre todo, en prevenirla. 

Con estas acciones se violan los derechos de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición que el Estado se ve obligado a cumplir, tal como quedó adscrito en la sentencia Campo Algonodero, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Tampoco se cumplen con las disposiciones de ayuda, asistencia y atención que contempla la Ley General de Víctimas. 

"Por parte del Estado se tienen que llevar a cabo todas las acciones necesarias para que la familia restablezca su proyecto de vida. Porque ni siquiera han tenido un proceso de luto, no han podido sacar todo ese dolor porque tienen que hacer frente a otras responsabilidades".

Cartagena destaca que la atención desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debe hacerse con perspectiva de género y perspectiva de infancia. De esta forma, si se requiere el desplazamiento de una familia, esta podrá contar con diversos recursos que les permitan llevar una vida digna. 

"Que la Comisión atienda de manera transversal a las víctimas y que si requieren un desplazamiento esté integrada la SEP para que los niños puedan ser inscritos en otra escuela donde las familias vayan, que se les pueda dar un trabajo o en relación a sus necesidades puedan tener un negocio; que tengan acceso a guarderias, despensas, fideicomiso para que los niños sigan estudiando y el apoyo psicológico especalizado y diferenciado". 

Sin embargo, la abogada afirma que en este momento a nivel federal hay grandes deficiencias en la CEAV, por lo que afirma hay un área de oportunidad para hacer efectivas políticas públicas de atención a víctimas y prevención de la violencia. 

"Debemos apostar a la prevención de la violencia feminicida y eso va a pasar cuando dejemos un mensaje de no tolerancia, de no impunidad. El mensaje de impunidad, de simulación y corrupción que tenemos en el país ha hecho que la violencia contra las mujeres aumente sin que pase nada y que el gobierno no cumpla con su obligación". 

Destaca que estos esfuerzos deben hacerse desde todos los niveles de gobiernos, "no se trata de partidos, se trata de que al Estado le toca y tiene obligaciones internacionales que han ratificado como es la atención, prevención y erradicación de violencia".

"No nos importa el partido, lo que nos importa es que nos dejen de matar", sentenció.