POLÉMICA POR CONTRATOS
Escándalo en el INE: UIF congela cuentas de Guadalupe Taddei y empresas proveedoras
Además de bloquear las cuentas, la UIF presentó una denuncia ante la FGR para investigar los movimientos financieros de la exconsejera del INE y los proveedores electorales.
En medio de la polémica por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del organismo, así como las de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, proveedores del instituto. La medida forma parte de un bloqueo que alcanza a un total de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales.
La decisión se tomó luego de que la UIF identificara movimientos de dinero que consideró sospechosos y que requieren una revisión por parte de las autoridades. Del total de afectados, 25 son personas físicas y 15 son empresas. Además del bloqueo, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá investigar si las operaciones estuvieron relacionadas con actividades ilícitas.
¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de Taddei y los proveedores del INE?
La medida ocurre después de que se difundieran investigaciones periodísticas sobre presuntos conflictos de interés y posibles irregularidades en los contratos que el INE entregó a distintas empresas durante la administración de Guadalupe Taddei.
Entre los señalados se encuentran los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, quienes han sido identificados como proveedores del organismo electoral.
Una de las empresas relacionadas con ellos es Cajas Graf, que junto con Corporativo Zeg obtuvo contratos por 197.6 millones de pesos en enero de 2025 para producir materiales de la elección judicial.
Las investigaciones también señalaron posibles vínculos entre personas cercanas a Taddei y las compañías que recibieron contratos del instituto. Uno de los señalamientos involucra a Jonathan Navarrete Torres, quien trabajaba como chofer de la exconsejera y aparecía como apoderado legal de Corporativo Zeg.
Estos hechos provocaron cuestionamientos sobre la forma en que se asignaron los contratos y si existieron beneficios para empresas relacionadas con personas cercanas a la entonces presidenta del INE.
ASF revisa contratos y compras del INE
A las investigaciones de la UIF se suma el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que abrió tres líneas de investigación para revisar las compras, los contratos y el manejo de los recursos del INE, el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y los organismos electorales de los estados.
La primera línea está enfocada en revisar cómo se contrataron empresas y servicios, con el propósito de detectar posibles irregularidades en la asignación de contratos.
La segunda contempla analizar las compras realizadas entre 2000 y 2025. Con esta revisión, la ASF busca identificar si algunas empresas concentraron contratos o recibieron beneficios de manera irregular.
La tercera línea está relacionada con el uso del presupuesto del INE y los recursos federales que reciben los organismos electorales locales, para revisar cómo se ejerció ese dinero. Por otra parte, el Órgano Interno de Control del INE mantiene 18 expedientes relacionados con el caso y tiene bajo revisión a cinco funcionarios.
Entre los posibles problemas que se investigan están los conflictos de interés, el uso indebido de recursos públicos y las irregularidades en la contratación de empresas.
¿Qué significa que la UIF haya congelado las cuentas?
El bloqueo de cuentas impide que las personas y empresas incluidas en la lista puedan disponer libremente de su dinero o realizar operaciones bancarias mientras se mantenga la medida.
Sin embargo, esto no significa que hayan sido declaradas culpables de algún delito. La UIF explicó que se trata de una medida preventiva que busca impedir movimientos de dinero mientras las autoridades revisan las operaciones detectadas. Además, las personas señaladas tienen derecho a presentar pruebas y defenderse.
Ahora, la Fiscalía General de la República deberá investigar los movimientos financieros para determinar si existen irregularidades y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, continúan las revisiones sobre los contratos del INE y los posibles vínculos entre funcionarios, personas cercanas a ellos y empresas proveedoras.
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