BUSCA RECUPERAR LA CONFIANZA
INE busca limpiar su imagen tras escándalo de Taddei: auditará contratos y revisará proveedores
Las diez consejerías preparan auditorías externas, revisión de contratos y proveedores, además de un micrositio para recibir denuncias ciudadanas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) busca recuperar la confianza ciudadana después de los señalamientos por presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei. Para ello, las diez consejerías preparan un plan de acción que contempla auditorías externas, revisión de proveedores y mecanismos para que la población pueda denunciar posibles anomalías.
Las medidas se dan a conocer este miércoles 4 de noviembre, en medio de la reestructuración interna del organismo y de las investigaciones sobre los contratos con empresas proveedoras de material electoral. La propuesta será discutida por el Consejo General este jueves 5 de noviembre y tiene como objetivo fortalecer los controles administrativos y transparentar el uso de los recursos públicos.
¿Qué hará el INE para revisar sus contratos y proveedores?
Entre las acciones que las consejerías buscan implementar está la realización de auditorías externas a todos los contratos vigentes del instituto. En caso de encontrar irregularidades, se contempla rescindir los acuerdos, siempre que existan elementos legales y contractuales para hacerlo y se cumplan los procedimientos correspondientes.
La revisión también alcanzará a las empresas que mantienen relaciones comerciales con el organismo electoral. El plan considera investigar la estructura gerencial y administrativa de las personas físicas y morales proveedoras, así como identificar a sus socios y accionistas.
Además, se solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente. También se prevé pedir información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre posibles hallazgos relacionados con las empresas proveedoras y realizar verificaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), particularmente sobre su situación fiscal.
Las consejerías también plantean resguardar toda la documentación relacionada con adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, así como presentar las denuncias correspondientes cuando los resultados de las investigaciones aporten elementos para hacerlo.
INE abrirá un micrositio para recibir denuncias ciudadanas
Otra de las medidas que contempla el plan es la creación de un micrositio en el portal institucional para que la ciudadanía pueda reportar posibles irregularidades.
La propuesta incluye establecer un protocolo que permita estandarizar los mecanismos de denuncia y mejorar los procedimientos administrativos del instituto.
El organismo también pretende modificar las reglas de contratación para el ejercicio presupuestal de 2027, con disposiciones que garanticen mayor publicidad, transparencia y trazabilidad en cada procedimiento de adquisición.
Con estas medidas, las consejerías buscan que las contrataciones puedan ser revisadas y que exista documentación suficiente para conocer cómo se asignaron los recursos públicos y quiénes participaron en cada proceso.
ASF investigará 25 años de contratos del INE, IFE y organismos electorales
El anuncio del plan de las consejerías coincide con otra información que se dio a conocer este 4 de noviembre: la Auditoría Superior de la Federación confirmó que ampliará sus investigaciones sobre las contrataciones de las autoridades electorales.
En un comunicado, la ASF informó que mantiene tres líneas de trabajo relacionadas con posibles irregularidades en adquisiciones y servicios:
- Investigaciones de oficio: sobre contrataciones públicas del INE, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y todos los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
- Revisión histórica: un estudio de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 para identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales.
- Auditoría integral: una revisión al INE y al gasto federalizado ejercido por los organismos electorales locales.
La Auditoría explicó que sus trabajos de inteligencia y el análisis de información solicitada a las entidades federativas permitieron advertir indicios de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público.
El propósito es determinar si existieron prácticas ilegales por parte de grupos empresariales o servidores públicos en la asignación de contratos y el manejo de los recursos.
¿Por qué comenzaron las revisiones tras la salida de Guadalupe Taddei?
La reestructuración ocurre después de la polémica que involucró a la anterior consejera presidenta, Guadalupe Taddei, por los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y contratos con empresas proveedoras del instituto.
Uno de los nombres que apareció en las investigaciones periodísticas fue el de José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado por sus presuntos vínculos con proveedores del organismo electoral.
El caso también alcanzó a los funcionarios que integraban la estructura administrativa del INE. El pasado 3 de noviembre, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, informó que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue a quienes pudieran tener alguna responsabilidad.
En esa misma revisión, el instituto reportó 30 renuncias de funcionarios, 17 de ellas correspondientes a integrantes de la oficina de Guadalupe Taddei. También se anunció una revisión de los perfiles y el desempeño de quienes integran la Junta General Ejecutiva.
Las investigaciones de la ASF también buscan dimensionar el alcance de las posibles irregularidades. Entre los antecedentes de sus indagatorias se encuentran contratos por 8 mil 870 millones de pesos relacionados con dos grupos empresariales entre 2014 y 2026, de los cuales 430 millones correspondieron al INE y 3 mil 790 millones a organismos electorales locales.
Entre los posibles mecanismos detectados se mencionaron la simulación de competencia en licitaciones, subcontrataciones entre empresas de un mismo grupo y posibles compañías fachada. Estos señalamientos todavía deben ser investigados para determinar si existieron responsabilidades.
Por ahora, las medidas anunciadas por las consejerías están pendientes de discusión y aprobación. Las auditorías y las investigaciones de la ASF y la FGR serán las que permitan establecer si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
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