Más de 132 mil desaparecidos y una reunión pendiente: la crisis que alcanza al gobierno de Sheinbaum

México llegó al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas, decenas de miles de cuerpos sin identificar y una exigencia que el gobierno de Claudia Sheinbaum todavía no consigue apagar: escuchar directamente a los colectivos que llevan años buscando a sus familiares.

La administración federal sostiene que la búsqueda es una prioridad y presume cambios legales, nuevas herramientas tecnológicas y miles de localizaciones. Sin embargo, las organizaciones cuestionan que la revisión de registros se esté convirtiendo en una depuración administrativa capaz de reducir las cifras sin aclarar qué ocurrió con las personas.

A la discusión sobre los números se suma la inseguridad que enfrentan quienes salen al campo ante la falta de resultados institucionales. El reciente ataque armado contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, volvió a exhibir el riesgo que implica buscar a una persona desaparecida en México.

La cifra supera los 132 mil casos

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza actualmente 132 mil 836 casos, una cifra que muestra el crecimiento de una crisis extendida por buena parte del país.

Un informe publicado en febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó las desapariciones en México como un fenómeno generalizado y advirtió que persisten fallas para prevenirlas, investigarlas y determinar el paradero de las víctimas.

Los datos retomados por el organismo muestran que Jalisco, Estado de México y Tamaulipas concentran algunos de los mayores registros. También existe una situación especialmente grave en el llamado Corredor del Pacífico, integrado por Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, donde las desapariciones mantienen una relación estrecha con las operaciones del crimen organizado.

La mayoría de las personas registradas son hombres y los grupos con mayor incidencia se encuentran entre los 20 y los 34 años. No obstante, la crisis comprende distintos perfiles: mujeres y niñas víctimas de violencia, jóvenes reclutados por organizaciones criminales, migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos y víctimas de trata o explotación.

La cantidad total de personas desaparecidas no equivale necesariamente al número de desapariciones forzadas. Este último delito requiere la participación de agentes del Estado o de grupos que actúen con su autorización, apoyo o consentimiento. La CIDH, sin embargo, advirtió que en algunos territorios existen indicios de colaboración entre autoridades y organizaciones criminales que deben investigarse.

Sheinbaum asegura que recibe casos individuales

Desde el comienzo del sexenio, madres buscadoras y colectivos han solicitado una reunión formal con la presidenta. Hasta ahora no se ha informado públicamente de un encuentro de estas características.

Sheinbaum sostiene que sí ha recibido a familiares, pero explica que prefiere mantener esas conversaciones fuera de la exposición mediática. También ha dicho que durante sus giras se acerca a personas que le presentan casos específicos y posteriormente canaliza la información con las autoridades correspondientes.

"Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello", afirmó durante una conferencia matutina.

La mandataria ha reconocido que esos acercamientos son principalmente individuales. Las reuniones con colectivos, según explicó, quedan en manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y la Comisión Nacional de Búsqueda.

"Yo recibo un caso, otro caso, otro caso; casos muy difíciles y muy dolorosos, evidentemente, en donde hago una recepción de manera personal, aquí y también fuera de la ciudad, cuando salgo. Pero no me gusta hacer algo mediático de eso, porque no creo que sea necesario", puntualizó a finales de junio.

La explicación no ha resuelto el reclamo de los colectivos, que buscan una interlocución directa para presentar problemas que rebasan los expedientes individuales: falta de coordinación entre fiscalías, investigaciones detenidas, inseguridad durante las búsquedas, ausencia de identificaciones y desconfianza hacia las instituciones.

La presidenta sí ha mantenido encuentros periódicos con las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el más reciente realizado el 27 de agosto. Después de la reunión, representantes de las familias reconocieron algunos avances, aunque señalaron que todavía están lejos de conocer el paradero de los normalistas.

Un registro bajo cuestionamientos

Uno de los momentos de mayor tensión entre el gobierno y los colectivos ocurrió en marzo, cuando las autoridades presentaron una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El informe reconoció entonces 132 mil 534 registros, pero señaló que 46 mil 742 no contenían información suficiente para iniciar una carpeta de investigación. En algunos expedientes faltaban nombres completos, fechas de nacimiento, lugares precisos o datos sobre las circunstancias de la desaparición.

A partir de esa revisión, el gobierno sostuvo que 43 mil 128 casos permanecían con un estatus vigente de desaparición. La interpretación provocó críticas de organizaciones y familias, que advirtieron que las fallas cometidas por las autoridades al recibir una denuncia no pueden convertirse en una razón para dejar de buscar.

Otro punto de controversia fue la detección de actividad posterior a la fecha de desaparición. La Secretaría de Gobernación informó que 40 mil 628 personas registradas aparecían relacionadas con trámites, registros administrativos u otras operaciones realizadas después del reporte.

La existencia de esos movimientos no significa que todas hayan sido localizadas. Hasta el momento, únicamente 6 mil 939 de esos casos cuentan con un reporte formal de localización, por lo que cada coincidencia debe ser revisada y confirmada.

El gobierno anunció que especialistas en estadística, análisis de datos, inteligencia artificial, matemáticas y programación examinarán las bases del registro. La revisión forma parte de las medidas derivadas de las reformas aprobadas en 2025 para mejorar el intercambio de información y agilizar las búsquedas.

Para los colectivos, el uso de tecnología puede ayudar a encontrar personas, pero también representa un riesgo si se utiliza para modificar su condición dentro del registro sin una verificación en campo ni contacto con sus familias.

Miles de cuerpos siguen sin nombre

La crisis no termina con las personas cuyo paradero se desconoce. Estimaciones independientes citadas por la CIDH advierten que existen más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo del Estado.

La cifra refleja el tamaño del rezago forense y la incapacidad institucional para cruzar información entre fiscalías, servicios médicos, cementerios, bases genéticas y registros de personas desaparecidas.

Mientras un expediente permanece abierto en una entidad, los restos de la persona buscada pueden encontrarse en otra sin que las autoridades establezcan la relación. En muchos casos, las familias deben impulsar por su cuenta la toma de muestras, revisar fotografías, recorrer servicios forenses y presionar para que se realicen confrontas genéticas.

La CIDH considera insuficientes los esfuerzos emprendidos hasta ahora y recomienda fortalecer los centros especializados, mejorar la coordinación nacional y avanzar hacia procesos de identificación masiva.

Buscar también significa arriesgar la vida

El atentado contra Alma Rosa Rojo Medina y su hija, ocurrido el 29 de agosto en Culiacán, colocó nuevamente la violencia contra las buscadoras en el centro de la discusión.

Ambas fueron atacadas a balazos mientras circulaban en un vehículo por la colonia Estela Ortiz de Toledo. Las dos fueron hospitalizadas y su estado de salud fue reportado como estable.

La Fiscalía de Sinaloa abrió una investigación por feminicidio en grado de tentativa y analiza si la agresión está relacionada con el trabajo de Rojo Medina como defensora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida.

Alma Rosa comenzó a buscar después de la desaparición de su hermano, Miguel Ángel, ocurrida en julio de 2009. Desde entonces ha acompañado a otras familias en la localización de personas ausentes.

Colectivos de Sinaloa condenaron el ataque y exigieron protección para ella, su hija y todas las personas que realizan búsquedas. También reclamaron una investigación que permita identificar tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron la agresión.

El caso expone una de las mayores contradicciones de la crisis: las familias realizan tareas que corresponden al Estado, pero lo hacen sin contar siempre con seguridad, recursos ni acompañamiento suficiente.

Una deuda que no se resuelve con cifras

El gobierno de Sheinbaum ha informado que en los últimos meses se localizaron miles de personas mediante búsquedas generalizadas y la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata. La mayoría de los casos atendidos mediante esta última herramienta se resolvieron durante las primeras 48 horas.

Esos resultados muestran la importancia de actuar inmediatamente después de recibir un reporte. Sin embargo, no resuelven los miles de expedientes acumulados durante años ni las fallas que obligaron a las familias a convertirse en investigadoras, rastreadoras y peritas.

A casi dos años del inicio de la administración, la crisis alcanza al gobierno de Sheinbaum no solamente por la cantidad de personas cuyo paradero sigue sin conocerse, sino por la distancia entre las decisiones institucionales y la experiencia diaria de quienes buscan.

Las familias no reclaman únicamente que sus casos aparezcan correctamente en una base de datos. Exigen búsquedas efectivas, investigaciones que lleguen ante los tribunales, protección para los colectivos y mecanismos capaces de devolverles un nombre a miles de cuerpos.

La reunión formal con la presidenta sigue pendiente. También permanecen abiertas más de 132 mil preguntas que ninguna revisión administrativa puede responder por sí sola.

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