Ley General contra el Feminicidio: ¿Cómo cambiarían las investigaciones por feminicidio con la nueva legislación?

Las investigaciones por feminicidio en México podrían tener un cambio importante si el Congreso aprueba la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La propuesta no solo plantea homologar el delito en todo el país, sino también establecer un mismo protocolo de actuación para las fiscalías, reforzar la protección de las víctimas y garantizar que los casos sean investigados con perspectiva de género desde el primer momento.

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es evitar que existan diferencias en la manera en que cada estado investiga este delito, una situación que durante años ha sido señalada por organizaciones civiles y familiares de víctimas.

Una sola forma de investigar en todo el país

Actualmente, cada entidad federativa cuenta con criterios y procedimientos propios para investigar un feminicidio. La iniciativa pretende que todas las fiscalías trabajen bajo un mismo marco legal y con estándares homogéneos.

Durante la presentación de la propuesta, la presidenta explicó que el propósito es fortalecer la procuración de justicia y reducir la impunidad.

"Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es por un lado la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación a través del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y el trato digno entre las personas y la no discriminación, y no al machismo como también la cero impunidad frente al delito de feminicidio".

Además, subrayó que uno de los cambios más relevantes consiste en unificar la forma en que las autoridades clasifican e investigan estos casos.

"Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaja igual el delito de feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio, evitar al máximo que si se conoce la presunción del culpable de quien cometió este delito que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar (...) Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios".

Investigación con perspectiva de género

La iniciativa establece que todas las investigaciones deberán realizarse con perspectiva de género y bajo un esquema de debida diligencia reforzada.

Esto implica que desde el inicio del caso las autoridades deberán considerar el contexto de violencia, preservar adecuadamente las evidencias y coordinarse entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

También se propone que la misma Unidad o Fiscalía Especializada que inicie la investigación permanezca al frente del caso durante todas las etapas del proceso penal, incluyendo la ejecución de las sanciones.

Con ello se busca evitar cambios constantes de ministerios públicos o fiscales que puedan retrasar las investigaciones o afectar el acceso a la justicia.

El delito también sería homologado

Otro de los cambios importantes consiste en que el tipo penal sería el mismo en todo el territorio nacional.

La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la iniciativa establece de forma expresa:

"Comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género".

Asimismo, la propuesta incorpora diez circunstancias para acreditar esas razones de género, entre ellas antecedentes de violencia contra la víctima, violencia sexual, relaciones de poder o actos motivados por estereotipos y prejuicios.

Atención integral para víctimas y familias

La legislación también busca fortalecer los derechos de las víctimas directas e indirectas.

Entre las medidas contempladas se encuentran atención médica y psicológica de emergencia, asesoría jurídica especializada gratuita, acceso a la verdad y a la justicia, servicios de traducción e interpretación cuando sean necesarios, así como apoyo para niñas, niños y adolescentes que queden en situación de orfandad.

Además, la propuesta contempla mecanismos de reparación integral del daño, programas de bienestar para hijas e hijos de víctimas y la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.

También se prevé impulsar campañas permanentes de prevención y fortalecer la coordinación entre instituciones para combatir la violencia feminicida.

Sanciones y combate a la impunidad

La iniciativa establece una pena de entre 50 y 70 años de prisión para quien sea declarado responsable de feminicidio, además de 19 agravantes que podrían incrementar la sanción hasta en una mitad en determinados casos.

Entre otras consecuencias, el responsable perdería derechos sucesorios, la patria potestad, la guarda y custodia de menores, así como la posibilidad de desempeñar cargos públicos.

Además, la propuesta señala que no procederán beneficios como la libertad condicionada, la conmutación de la pena o la amnistía, mientras que el delito, su sanción y la reparación del daño serían imprescriptibles.

Con esta reforma, el Gobierno federal busca que las investigaciones sean más uniformes, especializadas y eficaces, con el objetivo de reducir la impunidad y garantizar una respuesta institucional más sólida frente a uno de los delitos de mayor impacto en el país.

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