GOBIERNO SE CONTRADICE
Harfuch niega protección federal a Rocha Moya y a exfuncionarios acusados por EE.UU.
Harfuch negó que Rubén Rocha Moya o los exfuncionarios señalados por EE.UU. cuenten con protección del Gobierno federal
La discusión sobre el nivel de protección otorgado al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, volvió a escalar este martes después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negara categóricamente que el Gobierno federal le haya asignado escoltas o medidas especiales de resguardo.
La declaración no sólo buscó deslindar al Gabinete de Seguridad de cualquier responsabilidad sobre el dispositivo que actualmente acompaña al exmandatario estatal, sino que además abrió un nuevo frente político: la aparente contradicción con versiones anteriores dadas por el propio gobierno federal.
Durante la conferencia matutina, Harfuch sostuvo que ni Rocha Moya ni otros exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses han solicitado apoyo de seguridad a nivel federal.
"Ni una ni otra, él no solicitó medidas de protección, ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del gobierno federal, como ya lo hemos mencionado aquí".
Con ello, el funcionario cerró cualquier posibilidad de interpretar que exista actualmente una protección institucional desde dependencias como la Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina o la Fiscalía General de la República.
El Gobierno federal se deslinda y apunta hacia Sinaloa
La postura presentada este martes trasladó completamente la responsabilidad al ámbito estatal.
De acuerdo con Harfuch, el equipo de seguridad que acompaña al exgobernador corresponde a estructuras locales y no federales.
"Él en su calidad de exgobernador tiene funcionarios... escoltas del gobierno de la policía estatal o de la fiscalía, desconozco cuál de las dos corporaciones, pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del gabinete de Seguridad".
El mensaje fue más allá del caso Rocha Moya. Al ser cuestionado sobre otros exfuncionarios de Sinaloa que también fueron señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, el secretario respondió que ninguno cuenta con protección del Gobierno de México.
"Tampoco, ninguno tiene escolta del gobierno federal, ni de Defensa, de la Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni de la FGR".
Y ante la pregunta de si alguno había solicitado apoyo: "Tampoco, ninguno la solicitó".
El problema: Harfuch ya había dicho algo distinto
Sin embargo, el principal foco político de la conferencia no fue únicamente el rechazo al resguardo federal, sino el contraste con declaraciones previas.
El 4 de mayo, desde Sinaloa, el mismo Harfuch había reconocido públicamente que existía una recomendación institucional para que Rocha Moya contara con protección.
En aquella ocasión afirmó: "En este caso no fue una solicitud, sino que se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad, no es un dispositivo grande, son pocos elementos".
Aquella explicación colocaba al Gabinete de Seguridad como impulsor de una medida preventiva y no como un actor completamente ajeno.
Además, en ese momento el argumento público giró alrededor del contexto de violencia que vive Sinaloa desde septiembre de 2024 y la posición política que todavía mantenía Rocha Moya tras solicitar licencia.
La diferencia entre ambas posturas deja abiertas preguntas que hasta ahora permanecen sin respuesta: si existió una recomendación oficial, quién la ejecutó y bajo qué mecanismo terminó operando el esquema de seguridad.
Sheinbaum ofreció una tercera explicación
La controversia se amplía porque la presidenta Claudia Sheinbaum también había dado una interpretación distinta semanas atrás.
El 4 de mayo sostuvo que fue el propio Rocha Moya quien pidió mantener protección y que posteriormente se realizó una evaluación institucional.
"Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento, pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete".
Esa versión mezclaba dos elementos que hoy ya no aparecen en el discurso de Seguridad: una solicitud del exgobernador y una decisión derivada de un análisis de riesgo realizado por autoridades federales.
Con las declaraciones más recientes de Harfuch, el escenario quedó dividido en tres narrativas distintas:
Una primera: el Gabinete recomendó protección.
Una segunda: Rocha Moya la solicitó y se autorizó tras evaluación.
Una tercera: nunca existió protección federal ni solicitud alguna.
Hasta ahora no se ha ofrecido una explicación oficial que armonice las tres versiones.
El contexto: licencia, acusaciones y presión internacional
El caso ocurre en medio del proceso que enfrenta Rubén Rocha Moya tras dejar temporalmente el gobierno de Sinaloa.
El exmandatario solicitó licencia el 1 de mayo, días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyera —junto con otros nueve exfuncionarios sinaloenses— en señalamientos por presuntos vínculos con estructuras del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con las acusaciones difundidas por autoridades estadounidenses, los señalamientos incluyen presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.
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