Choque por ‘narcocandidatos’: Sheinbaum dice que partidos decidirán y el INE rechaza ser árbitro

La propuesta de Claudia Sheinbaum para crear un mecanismo que permita detectar posibles vínculos entre aspirantes y la delincuencia organizada antes de una elección ya provocó un choque con el Instituto Nacional Electoral (INE). Mientras la presidenta sostiene que el organismo solo sería un canal de consulta, la autoridad electoral advirtió que no puede convertirse en una instancia que juzgue perfiles políticos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, de este 26 de mayo, Sheinbaum defendió la iniciativa al asegurar que la intención no es que el INE determine quién puede o no competir por un cargo público. Según explicó, la decisión final seguiría estando en manos de los partidos políticos, que podrían pedir una revisión preventiva sobre sus aspirantes ante instituciones del Estado.

La mandataria afirmó que la propuesta busca ordenar un mecanismo que ya suele hacerse de manera directa, pero bajo una vía institucional. En ese esquema, una comisión integrada por consejeros electorales serviría como enlace con instancias de investigación, inteligencia financiera y procuración de justicia para conocer si existen alertas sobre un perfil determinado.

“Yo creo que ella está entendiendo mal la propuesta que estamos haciendo. La idea es que una comisión del INE de consejeros esté en contacto con las instituciones de inteligencia, investigación y justicia”, explicó Sheinbaum al responder a los cuestionamientos que surgieron desde la autoridad electoral tras la presentación de la iniciativa.

La presidenta detalló que, si un partido político decide solicitar la revisión de uno o varios perfiles, esa comisión consultaría a las autoridades competentes y devolvería la respuesta al instituto político interesado. En ese proceso, dijo, el INE no emitiría una resolución ni bloquearía candidaturas, sino que únicamente regresaría la información al solicitante.

“¿Qué hace el INE? ¿Ya resuelve? No, se lo regresa al partido político. ¿Quién toma la decisión de si lo postula o no? El partido político”, insistió la mandataria al rechazar que su iniciativa convierta al organismo electoral en una autoridad que califique la integridad o antecedentes de los aspirantes.

¿Qué propone la reforma de Sheinbaum sobre ‘narcocandidatos’?

La iniciativa plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales designados para periodos de tres años. Este órgano funcionaría como un canal de comunicación confidencial entre partidos políticos y dependencias encargadas de investigar posibles actividades ilícitas.

De acuerdo con lo planteado, la comisión podría solicitar información a instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de identificar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con delincuencia organizada, actos de corrupción o posibles antecedentes delictivos.

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El mecanismo sería opcional. Los partidos políticos entregarían, si así lo deciden, una lista de candidaturas para que sean revisadas bajo ese esquema. Tras recibir la información de las autoridades correspondientes, la comisión únicamente comunicaría si existe alguna alerta o riesgo, pero no impediría de manera automática una postulación.

Sheinbaum ha sostenido que el propósito de la reforma es generar una herramienta preventiva que permita a los partidos contar con información antes de registrar candidatos rumbo a futuras elecciones, sin sustituir investigaciones ministeriales ni violar el principio de presunción de inocencia.

La propuesta será analizada en el Congreso de la Unión durante el periodo extraordinario convocado esta semana, donde se discutirán cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en medio de un debate que ya comenzó a generar resistencias incluso antes de iniciar su trámite legislativo.

INE rechaza ser “juez y parte” en revisión de candidaturas

Luego de que la presidenta presentó la iniciativa, el pasado 21 de mayo, la respuesta del INE llegó a través de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quien advirtió que el organismo no puede asumir funciones que impliquen juzgar o determinar la probidad de una persona, porque eso colocaría a la autoridad electoral en el centro de la disputa política.

Taddei señaló que, si el marco legal obliga al instituto a desempeñar un papel de ese tipo, se pondría en riesgo la neutralidad e imparcialidad que debe mantener frente a todas las fuerzas políticas. Bajo ese argumento, pidió que la ley preserve con claridad la separación de funciones.

“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar, determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando nuestro papel como autoridad neutral e imparcial”, advirtió.

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La presidenta del instituto insistió en que la función constitucional del organismo es organizar elecciones y garantizar condiciones de equidad, certeza y legalidad, no validar la integridad de candidaturas ni calificar antecedentes personales de quienes buscan competir por cargos públicos.

También subrayó que el INE es una autoridad administrativa, no un órgano ministerial ni judicial, por lo que consideró indispensable que cualquier reforma mantenga claramente delimitadas las responsabilidades de cada institución para evitar conflictos institucionales o interpretaciones que alteren su papel constitucional.

¿Quién decidiría si un candidato puede competir?

Aunque el debate se ha centrado en el papel que tendría el INE, Sheinbaum insistió en que la decisión final no recaería en el organismo electoral ni en las instituciones de seguridad, sino exclusivamente en los partidos políticos que postulen a sus aspirantes.

Según explicó, el mecanismo funcionaría como una consulta voluntaria. Las autoridades podrían alertar sobre posibles riesgos, antecedentes o señales relacionadas con actividades ilícitas, pero correspondería a cada partido decidir si mantiene o retira una candidatura con base en esa información.

Incluso Guadalupe Taddei reconoció que el modelo planteado no elimina la responsabilidad de los partidos en la selección de sus perfiles, precisamente porque el procedimiento sería opcional y la determinación última seguiría en manos de las dirigencias partidistas.

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