- 22 de mayo de 2026
Reportajes exhiben crisis de inseguridad, caza ilegal, impunidad y polémicos privilegios políticos en Baja California; el avión oficial de la mandataria acumula más de 100 vuelos

Baja California atraviesa una de sus etapas más tensas en materia de seguridad, corrupción e impunidad, pero en medio de ese escenario una revelación ha desatado fuertes críticas contra el gobierno estatal: la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda cuenta con un jet valuado en 7.6 millones de pesos que, en poco más de un año, ha realizado más de 100 vuelos oficiales, principalmente hacia Tijuana.
La información, dada a conocer en una serie de investigaciones periodísticas, volvió a encender el debate sobre el uso de recursos públicos mientras el estado enfrenta el avance del crimen organizado, miles de denuncias por despojo sin resolver y una creciente percepción de abandono institucional.
El reportaje "Gobernadora tiene jet de 7.6 MDP", elaborado por el periodista Eduardo Villa Lugo, revela que la aeronave fue adquirida en julio de 2023 por el gobierno estatal con un costo de 7 millones 642 mil pesos. Desde entonces, el avión ha realizado al menos 111 vuelos, muchos de ellos entre Mexicali y Tijuana.
La adquisición del jet ha generado cuestionamientos recurrentes debido a que Baja California enfrenta problemas severos de violencia e inseguridad, además de denuncias constantes por falta de resultados en materia de justicia y protección ciudadana.

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Violencia y crimen organizado en aumento
Mientras el gobierno estatal enfrenta críticas por el uso de recursos, la entidad también vive una nueva ola de tensión derivada de la presencia del crimen organizado.
Tras la captura de Salomón Barragán, Sergio Serrano y José Paulino, identificados como operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Zona Costa, comenzaron a llegar nuevos integrantes de la organización criminal provenientes de otros estados del país.
Una investigación realizada por ZETA, advierte que al menos 25 presuntos integrantes del grupo criminal arribaron a Baja California para reforzar las operaciones delictivas en municipios estratégicos.
Las autoridades federales consideran que estos movimientos están relacionados con la disputa territorial por rutas de narcotráfico, cobro de piso y tráfico de personas, lo que mantiene en alerta a corporaciones de seguridad y a la ciudadanía.
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Más de 6 mil denuncias por despojo
Otro de los temas que más indignación ha generado es el relacionado con el delito de despojo de propiedades.
De acuerdo con estadísticas oficiales, durante el sexenio de Marina del Pilar se han denunciado 6 mil 272 casos de invasión o apropiación ilegal de inmuebles. Sin embargo, únicamente se han iniciado 28 procesos judiciales relacionados con estos hechos.
Estas cifras exhiben un nivel de impunidad prácticamente absoluto y refleja la incapacidad institucional para atender uno de los delitos patrimoniales que más afecta a familias y propietarios.
Las víctimas denuncian que existen redes dedicadas a apropiarse ilegalmente de terrenos y viviendas aprovechando corrupción, vacíos legales y lentitud judicial.
Las investigaciones periodísticas han abierto un nuevo debate sobre las prioridades del gobierno estatal y el manejo de los recursos públicos en una entidad donde miles de ciudadanos denuncian sentirse desprotegidos frente al crimen y la falta de justicia.
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