- 30 de abril de 2026
El Departamento de Justicia documenta pagos de hasta millones de pesos a funcionarios de Sinaloa, con base en una presunta lista de corrupción.

La imputación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, ha generado una fuerte sacudida política y judicial.
Sin embargo, el expediente revela un elemento que destaca por encima del resto: la evidencia principal consiste en una supuesta "narconómina" escrita a mano.
El documento, difundido mediante tres fotografías, mostraría un registro detallado de pagos mensuales que presuntamente realizaba el grupo criminal de "Los Chapitos" a mandos policiacos, funcionarios de la fiscalía estatal e incluso autoridades municipales.
Según la acusación, esta lista formaba parte de un mecanismo sistemático de sobornos.
"El jefe de plaza de Culiacán suele recibir de los líderes de los Chapitos, cada mes, una caja con una gran cantidad de dinero en efectivo, acompañada de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada funcionario en concepto de sobornos ese mes", se lee en la acusación.

La red de sobornos: nombres, cargos y montos
El contenido de la presunta narconómina expone una estructura de pagos que iría desde los 30 mil hasta los 2 millones de pesos mensuales, dependiendo del nivel del funcionario.
Entre los perfiles señalados destacan figuras clave en áreas de seguridad e investigación:
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto, identificado como "Culiacán Regio", con pagos de 200 mil pesos mensuales.
- Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación ("R1") quienes habrían recibido hasta 300 mil pesos al mes.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias "El Tornado", exsubdirector de la Policía estatal, con 100 mil pesos mensuales.
- Juan Valenzuela Millán, "El Juanito", exmando de la Policía Municipal de Culiacán, con 30 mil pesos al mes.
A estos nombres se suman otros funcionarios que, aunque no aparecen en las imágenes de la lista, son incluidos en la acusación estadounidense. Es el caso de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, quien presuntamente recibía 100 mil dólares mensuales, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, señalado por recibir pagos superiores a los 10 mil dólares por ocasión.

¿Qué obtenía el crimen organizado?
La acusación plantea un escenario en el que los sobornos no solo compraban silencio, sino también acción directa del aparato de seguridad.
De acuerdo con el documento, los funcionarios presuntamente corrompidos habrían facilitado la operación del grupo criminal en múltiples niveles:
- Permitir el tráfico de grandes cantidades de narcóticos sin interferencia.
- Filtrar información sobre operativos, cateos e investigaciones en curso.
- Ejecutar detenciones selectivas contra grupos rivales.
- Participar en secuestros y homicidios ordenados por la organización.
El propio texto de la acusación es contundente:
"A cambio de estos sobornos habituales, los acusados y otros funcionarios corruptos han permitido a los Chapitos traficar con toneladas de narcóticos y cometer actos de violencia masiva con total impunidad".
Además, se señala que los agentes habrían proporcionado información sensible sobre acciones del Ejército y la Marina, incluyendo ubicaciones de laboratorios y casas de seguridad.

Una acusación que abre más preguntas que respuestas
Aunque la lista manuscrita perfila una presunta red de corrupción de alto nivel, también deja al descubierto la fragilidad —al menos en esta etapa— del caso presentado por Estados Unidos. La dependencia de una sola pieza de evidencia central plantea interrogantes sobre la solidez jurídica de la acusación y el rumbo que podría tomar en instancias judiciales.
Mientras tanto, el caso ya escaló al terreno político y diplomático, con implicaciones que podrían tensar la relación bilateral y poner bajo escrutinio la cooperación en materia de seguridad.
La investigación continúa, pero por ahora, todo gira en torno a una hoja escrita a mano. Una que, de confirmarse, podría revelar una de las redes de corrupción más profundas en la historia reciente... o convertirse en el punto más débil de una acusación de gran alcance.
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