JUSTICIA EN LA MIRA
¿Menores sin castigo? Del caso Leyla al alumno que acribilló a sus maestras
El feminicidio de Leyla Monserrat y los ataques armados cometidos por adolescentes en escuelas reavivan el debate en México: ¿deben los menores que cometen delitos graves recibir sanciones más severas?
La indignación por el feminicidio de Leyla Monserrat y los recientes ataques armados cometidos por adolescentes en México ha reactivado un debate incómodo y urgente: ¿el sistema de justicia para menores está respondiendo a la gravedad de los delitos o se ha quedado corto frente a una violencia cada vez más extrema?
En cuestión de semanas, dos realidades se cruzaron en la conversación pública: sentencias mínimas para un crimen brutal en Sonora y ataques planeados dentro de escuelas en Michoacán y Ciudad de México. El resultado ha sido una presión social creciente para revisar el marco legal vigente.
El caso Leyla Monserrat: violencia, planeación y castigos mínimos
La historia de Leyla Monserrat, adolescente de 15 años originaria de Sonora, expone con crudeza la violencia entre menores. Antes de su asesinato, ya había sido víctima de acoso escolar. Según las investigaciones, sus agresoras —también adolescentes— utilizaron una fotografía para humillarla en redes sociales y habían roto relación tras una pelea.
El 25 de septiembre de 2025, la joven fue engañada para acudir a un domicilio donde fue asesinada. Las responsables la inmovilizaron, la asfixiaron y posteriormente ocultaron su cuerpo. La autopsia confirmó que murió por asfixia mecánica.
El crimen no sólo fue premeditado, también fue documentado por las propias agresoras, lo que agravó la percepción pública sobre la brutalidad del caso.
Investigación y giro en el caso: de un adulto a dos menores
En un inicio, las autoridades exploraron la posible participación de un adulto identificado como Martín "N", conocido como "El Kalusha", quien posteriormente fue hallado sin vida y descartado como responsable.
Fue a partir de peritajes, cateos y análisis científicos que la investigación se redirigió hacia las dos adolescentes, quienes finalmente fueron vinculadas a proceso bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Este sistema, diseñado para priorizar la reinserción sobre el castigo, establece límites claros en las penas, independientemente de la gravedad del delito.
Sentencias que desataron indignación
La resolución judicial dada a conocer en abril de 2026 provocó una reacción inmediata: una de las agresoras recibió 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que la otra fue sancionada con 11 meses de libertad asistida.
Ambas deberán pagar, de manera solidaria, una reparación del daño moral de apenas 5 mil 657 pesos.
Para la familia de la víctima, la decisión fue inaceptable. La madre de Leyla expresó: "Mientras las asesinas de mi hija podrán regresar a sus vidas normales, yo nunca pude ni despedirme de mi hija"
Además, denunció que los gastos funerarios superaron los 30 mil pesos y que el cuerpo le fue entregado en condiciones que impidieron velarla con normalidad.
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Violencia juvenil en escuelas: ataques con indicios de planeación
A finales de marzo de este año, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Osmar "N", un estudiante de 15 años, ingresó armado a su preparatoria y asesinó a dos profesoras. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló:
"El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos, uno de la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga"
"Todo parece indicar que ya había planeado (el ataque armado), y que ellas eran las personas que estaba buscando"
Las investigaciones revelaron que el agresor llevaba decenas de cartuchos, ocultó el arma en un estuche de guitarra y ejecutó un ataque directo contra sus víctimas.
Horas antes, había publicado mensajes en redes sociales anticipando la agresión, incluyendo frases como "Hoy es el día" y contenido relacionado con violencia extrema.
CCH Sur: otro caso de violencia focalizada
Un episodio similar ocurrió meses antes en el CCH Sur, donde un estudiante, identificado como Lex Ashton atacó directamente a un compañero con arma blanca, causándole la muerte. Durante el incidente, un trabajador resultó herido al intentar intervenir.
El agresor intentó quitarse la vida tras el ataque, lo que abrió otra línea de discusión: la salud mental en adolescentes involucrados en hechos violentos.
¿Por qué los menores no son juzgados como adultos?
El debate sobre endurecer las penas ha cobrado fuerza, pero enfrenta límites legales importantes.
México está obligado a cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible. Este enfoque prioriza la reinserción social sobre el castigo.
El sistema actual parte de una premisa clave: los menores están en desarrollo y, por lo tanto, su responsabilidad penal debe tratarse de forma diferenciada.
Además, procesarlos como adultos podría vulnerar sus derechos y aumentar el riesgo de reincidencia al exponerlos a entornos penitenciarios más violentos.
El choque de posturas: castigo vs. prevención
Tras los casos recientes, han surgido posturas encontradas:
- Endurecer penas: algunos legisladores y autoridades plantean que delitos graves, especialmente los cometidos con saña, deberían castigarse como si fueran perpetrados por adultos.
- Enfoque integral: especialistas y organismos de derechos humanos advierten que el problema requiere atender factores como salud mental, acceso a armas, violencia digital y fallas en la detección temprana.
La propia presidenta ha insistido en abrir el debate sin fijar una postura definitiva:
"Es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo"
Un sistema bajo presión social
El caso de Leyla Monserrat se ha convertido en símbolo de una exigencia más amplia: justicia proporcional para las víctimas.
Entre los reclamos más recurrentes destacan:
- La baja duración de las sentencias frente a crímenes violentos
- Reparaciones económicas consideradas insuficientes
- Falta de mecanismos efectivos contra el acoso escolar
- Ausencia de políticas preventivas sólidas
Mientras tanto, la familia de Leyla y colectivos feministas han anunciado que continuarán con acciones legales para apelar la sentencia.
El debate que México ya no puede evitar
Los casos recientes han colocado al sistema de justicia para adolescentes en el centro de la discusión nacional. No se trata sólo de castigar o no castigar, sino de definir qué tipo de respuesta puede evitar que la violencia escale entre jóvenes.
Entre la exigencia de justicia para las víctimas y la protección de los derechos de los menores, México enfrenta una tensión legal y social que difícilmente podrá resolverse sin una reforma profunda o, al menos, una revisión crítica de sus mecanismos actuales.
La pregunta ya no es si debe abrirse el debate, sino cuánto tiempo más puede posponerse.
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