- 03 de abril de 2026
La exfuncionaria de la Secretaría de Hacienda enfrenta señalamientos por presunto conflicto de interés tras revelarse sus vínculos con empresas beneficiadas con contratos públicos.

Un video viral en Palacio Nacional hoy se ha transformado en una controversia de alto impacto. Florencia Melany Franco Fernández, directora general en Hacienda, está en el centro del debate público luego de que se revelara que percibe ingresos millonarios por asesorar a empresas que, al mismo tiempo, han recibido contratos gubernamentales.
Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria reportó percepciones anuales superiores a los 4.2 millones de pesos. Estos ingresos no solo provienen de su cargo en el gobierno federal, sino también de actividades privadas como asesorías legales y consultorías.
Uno de los puntos más polémicos es su relación con Grupo Ambrosía, empresa de la que obtiene aproximadamente 100 mil pesos mensuales por servicios profesionales. Esta firma ha sido contratista de diversas instituciones públicas, acumulando más de 4.4 millones de pesos en contratos.
La coincidencia entre su rol en la administración pública y su vínculo con empresas proveedoras ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de esta doble función.
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Posible conflicto de interés
Expertos en materia administrativa señalan que este caso podría constituir un conflicto de interés, lo que implicaría una posible violación a la legislación vigente, particularmente a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Estas disposiciones establecen que los servidores públicos deben evitar cualquier relación que comprometa su imparcialidad o genere beneficios personales derivados de su posición.
Hasta ahora, no se ha confirmado una investigación formal, pero el tema ya ha escalado en la agenda pública.

Red de negocios y asesorías
Además de su relación con Grupo Ambrosía, Florencia Melany Franco Fernández reporta ingresos adicionales por otras actividades. Percibe cerca de 50 mil pesos mensuales a través de la firma BCZM, así como 30 mil pesos más por asesorías jurídicas independientes.
También es accionista de Circle Pacific, una empresa inmobiliaria en la Ciudad de México, donde posee una participación del 3%. A esto se suma su cargo como integrante de un consejo de administración en una institución estatal, aunque asegura que no recibe pago por ello.
Antes de integrarse al servicio público, la funcionaria construyó su carrera en despachos jurídicos reconocidos. Se desempeñó como asociada senior en firmas como Cervantes Díaz Abogados y Cervantes Sainz Abogados.
Asimismo, trabajó directamente con Grupo Ambrosía como asesora jurídica entre 2018 y 2022, lo que refuerza los vínculos que hoy son motivo de cuestionamiento.

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Empresas con contratos públicos
El grupo empresarial al que asesora ha obtenido contratos con diversas entidades, incluyendo el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Lotería Nacional, la Secretaría del Trabajo y alcaldías de la Ciudad de México como Tlalpan y Xochimilco.
El monto acumulado de estos contratos supera los 4.4 millones de pesos, lo que ha intensificado las críticas sobre la posible influencia de intereses privados en la función pública.
La funcionaria es egresada de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Paris II Panthéon-Assas. En su declaración también reporta bienes como una propiedad adquirida mediante crédito hipotecario y rendimientos por inversiones en instrumentos gubernamentales.
El caso ha generado un intenso debate en redes sociales y en círculos políticos, donde se cuestiona la transparencia y la ética en el servicio público. Mientras tanto, crece la exigencia para que las autoridades revisen a fondo la situación y determinen si existe alguna irregularidad.
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