CON FISURAS EN EL OFICIALISMO
Plan B electoral avanza sin el PT y llega al pleno en medio de tensiones
El Senado avaló en comisiones el "Plan B" electoral con el respaldo de Morena y el PVEM, en una sesión marcada por la ausencia del PT.
El "Plan B" de la reforma electoral avanzó en el Senado de la República tras ser aprobado en comisiones, en una sesión marcada por divisiones dentro del bloque oficialista y el rechazo de la oposición.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos avalaron el dictamen con 24 votos a favor y 11 en contra, gracias al respaldo de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En contraste, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en bloque en contra.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la ausencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Gonzalo Yáñez y Liz Sánchez, quienes no acudieron a la sesión. Aunque su falta no frenó la aprobación, sí evidenció fisuras dentro de la coalición oficialista.
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El pleno, la prueba clave para la mayoría oficialista
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen será discutido y votado en el pleno del Senado, donde el escenario es más exigente: se requiere mayoría calificada.
En este contexto, Morena y el PVEM necesitarán necesariamente el respaldo del PT para sacar adelante la reforma. Así, la ausencia que en comisiones fue simbólica podría convertirse en un factor decisivo en la votación final.
Mientras tanto, continúan las negociaciones políticas. Aunque desde el oficialismo se han difundido mensajes de unidad, persisten diferencias internas, particularmente sobre algunos puntos de la iniciativa.
Revocación de mandato y cambios estructurales
El eje central de la reforma es la modificación al artículo 35 constitucional para permitir que la revocación de mandato se realice en el tercer o cuarto año de gobierno.
De aprobarse, este ejercicio podría coincidir con las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos estatales y la mayoría de los ayuntamientos. El oficialismo argumenta que esto reduciría costos y facilitaría la participación, mientras que la oposición advierte riesgos de intervención política.
El proyecto también contempla:
Un límite de entre 7 y 15 regidores en los ayuntamientos, según su población, además de una sola sindicatura.
Un tope de 0.7% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales.
Medidas de austeridad en órganos electorales, como límites salariales y eliminación de prestaciones adicionales.
Con este avance, el "Plan B" entra en su fase decisiva. Más allá del contenido de la reforma, la votación en el pleno pondrá a prueba la capacidad del bloque oficialista para mantenerse unido en un momento clave del proceso legislativo.
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