PASA AL SENADO
Plan B de Sheinbaum: en qué consiste y qué cambia tras rechazo a la reforma electoral
El Plan B de reforma electoral busca reducir privilegios, bajar costos y ampliar la participación ciudadana tras el rechazo de la iniciativa original.
Luego de que la primera propuesta de reforma electoral no avanzara en la Cámara de Diputados, el gobierno federal presentó un nuevo paquete de cambios conocido como “Plan B”, una iniciativa que será discutida en el Senado y que busca ajustar el funcionamiento del sistema electoral en México.
Este nuevo planteamiento mantiene dos objetivos centrales: reducir los costos del aparato electoral y fortalecer la participación ciudadana en la vida pública. A diferencia de la iniciativa anterior, el enfoque se concentra en modificar aspectos operativos y presupuestales, así como en introducir medidas de control y transparencia.
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Reducción de privilegios y tope a salarios
Uno de los pilares del Plan B es limitar los ingresos de los altos funcionarios del sistema electoral. La propuesta establece que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrados y autoridades electorales locales no podrán ganar más que la persona titular del Ejecutivo federal.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la iniciativa “tiene como principio fundamental disminuir los privilegios, excesos, en el ejercicio de la función pública”.
Además del tope salarial, se plantea eliminar beneficios adicionales como bonos, seguros de gastos médicos mayores y otras prestaciones consideradas excesivas dentro del sector público.
También se propone una reducción progresiva del gasto en el Senado, que podría alcanzar hasta el 15 por ciento, como parte de la política de austeridad.
Cambios en municipios y congresos locales
El Plan B incluye modificaciones en la estructura de los gobiernos locales. En el caso de los municipios, se propone reducir el número de regidurías, estableciendo un mínimo de siete y un máximo de quince integrantes.
Asimismo, se fija un límite al presupuesto de los congresos estatales, que no podrá superar el 0.7 por ciento del total del gasto de cada entidad .
Los recursos que se obtengan a partir de estos ajustes se destinarían a obras de infraestructura pública en estados y municipios, con el objetivo de generar beneficios directos en las comunidades.
Revocación de mandato: mayor participación ciudadana
Otro de los ejes del Plan B es ampliar los mecanismos de participación ciudadana. En este sentido, se propone que la revocación de mandato pueda realizarse en distintos momentos del gobierno.
La iniciativa plantea que este ejercicio se lleve a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de la administración federal, dependiendo de cuándo sea solicitado por la ciudadanía .
Sobre este punto, la secretaria de Gobernación señaló que ampliar estos mecanismos permite fortalecer los derechos ciudadanos y su capacidad de decisión sobre los gobiernos.
Reformas a leyes secundarias
El Plan B también contempla cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y a la Ley General de Partidos Políticos.
En materia electoral, se propone establecer límites salariales en organismos como el INE y tribunales locales, así como modificar el inicio de los cómputos electorales. La propuesta plantea que el conteo de votos comience en cuanto llegue el primer paquete tras el cierre de la jornada electoral .
En cuanto a los partidos políticos, se plantean nuevas obligaciones para reforzar la transparencia financiera. Entre las principales medidas se encuentran:
- Publicar las remuneraciones de sus dirigentes
- Reportar operaciones financieras en tiempo real mediante sistemas bancarios
- Establecer límites a los ingresos internos
- Prohibir recursos de origen ilícito o no comprobable
- Restringir el financiamiento extranjero y las aportaciones en efectivo
Estas modificaciones buscan fortalecer la rendición de cuentas y el control sobre el uso de recursos en la vida política.
Un nuevo intento de reforma electoral
El Plan B surge como una alternativa tras el rechazo de la iniciativa original en la Cámara de Diputados. La nueva propuesta mantiene el objetivo de reducir costos dentro del sistema electoral y reforzar la participación ciudadana, pero con ajustes que buscan avanzar en el proceso legislativo.
Entre los temas centrales del debate estarán el alcance de la austeridad en organismos electorales, los cambios en la estructura de gobiernos locales y el impacto de las nuevas reglas en la transparencia de partidos políticos.
La discusión en el Senado será clave para definir si estas medidas logran consenso y se traducen en cambios efectivos dentro del sistema electoral mexicano.
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