Impulsan "Ley Andrea" tras destitución de funcionario en Chihuahua por ataques misóginos contra senadora

Un comentario en redes sociales desató un debate en Chihuahua. El Gobierno Municipal anunció la separación inmediata de un alto funcionario de Seguridad Pública luego de que publicara expresiones consideradas misóginas contra la senadora Andrea Chávez, quien había compartido la noticia de su embarazo.

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El alcalde Marco Bonilla confirmó el cese de Luis Roberto Terrazas Fraga, quien ocupaba el cargo de subdirector administrativo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). La decisión se tomó tras la polémica generada por sus publicaciones, que provocaron una fuerte reacción en el ámbito político y social.

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La publicación y la polémica

El pasado 20 de febrero, Terrazas Fraga realizó comentarios ofensivos en una publicación donde la senadora Andrea Chávez anunciaba que está embarazada. Las expresiones fueron calificadas como violentas y misóginas, lo que generó indignación inmediata en redes sociales y entre integrantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Legisladores y militantes exigieron medidas firmes y señalaron que los ataques constituían violencia política de género en el entorno digital.

"Cero tolerancia" en la administración municipal

Ante la presión pública, el alcalde Marco Bonilla reiteró que este tipo de conductas no tienen cabida en su gobierno. Aseguró que los funcionarios municipales deben mantener una conducta respetuosa en todos los espacios, incluidos los digitales.

El edil enfatizó que el respeto hacia las mujeres debe prevalecer por encima de cualquier diferencia ideológica o partidista. Por ello, la remoción del funcionario fue inmediata, como una acción para salvaguardar la imagen institucional y enviar un mensaje de firmeza.

Impulsan la "Ley Andrea" en el Congreso

El caso trascendió el ámbito administrativo y abrió la puerta a una iniciativa legislativa. La diputada local Greycy Durán anunció que promoverá en el Congreso estatal la llamada "Ley Andrea".

La propuesta contempla reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Código Penal de Chihuahua para establecer sanciones más severas contra funcionarios que incurran en acoso o violencia digital.

Entre las medidas planteadas destacan:

• Destitución inmediata del servidor público agresor.
• Inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.
• Implementación de un protocolo de tolerancia cero frente a discursos de odio en redes sociales.

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La legisladora afirmó que la intención es proteger a las mujeres y evitar que quienes ocupan cargos públicos utilicen su posición para agredir o descalificar.

La discusión ha puesto sobre la mesa los límites entre la vida privada y la responsabilidad institucional. Aunque las redes sociales suelen considerarse espacios personales, el comportamiento de los servidores públicos está sujeto a estándares éticos más estrictos.

Organizaciones civiles han señalado que la violencia digital puede tener efectos devastadores, especialmente cuando se dirige contra mujeres en cargos públicos, ya que busca desacreditarlas y vulnerar su imagen.

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