- 19 de febrero de 2026
La Corte desechó su recurso por falta de materia constitucional y dejó firme el crédito fiscal determinado por el SAT

La última carta legal de Elba Esther Gordillo ante el máximo tribunal del país no avanzó como lo esperaba. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso promovido por la exdirigente sindical y confirmó que deberá cubrir más de 19 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a los años 2008 y 2009.
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Bajo esta decisión, la Corte determinó que el asunto no implicaba un análisis de constitucionalidad, por lo que reafirmó la sentencia previa emitida por instancias administrativas. La resolución pone fin a la impugnación presentada en 2025, cuando Gordillo buscó revertir el crédito fiscal al considerar que el reclamo del fisco era inconstitucional.
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El origen del litigio fiscal
Durante los ejercicios fiscales 2008 y 2009, cuando aún encabezaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó depósitos bancarios y pagos a tarjetas que debían considerarse ingresos acumulables.
De acuerdo con la autoridad hacendaria, dichos montos no fueron reportados adecuadamente en sus declaraciones fiscales. La defensa de Gordillo argumentó que esos recursos correspondían a gastos de representación vinculados a su función sindical; sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concluyó en 2024 que no se acreditó dicha versión.
En consecuencia, el tribunal confirmó la validez del crédito fiscal, que originalmente superaba los 21 millones de pesos, aunque el monto definitivo reconocido en la sentencia asciende a más de 19 millones por ISR omitido.
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La postura de la Suprema Corte
La SCJN admitió el recurso el año pasado para analizar si existían elementos de inconstitucionalidad en la resolución impugnada. No obstante, tras el estudio correspondiente, determinó que el caso no planteaba cuestiones constitucionales que justificaran su intervención de fondo.
Con ello, la Corte dejó intacta la determinación del TFJA y cerró la vía de defensa que aún tenía disponible la exlideresa magisterial.
La trayectoria legal de Gordillo ha estado marcada por procesos de alto perfil. En 2013 fue detenida bajo acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Permaneció privada de la libertad hasta 2018, cuando un tribunal federal ordenó su absolución al considerar que las pruebas presentadas no acreditaban su responsabilidad penal.
En 2021, el TFJA anuló —con votaciones divididas— otros créditos fiscales relacionados con los ejercicios de 2010 y 2012, al estimar que se afectó su derecho de defensa debido a que se encontraba en prisión mientras se realizaban las auditorías. Sin embargo, el tribunal dejó abierta la posibilidad de reiniciar esas revisiones.
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