- 18 de febrero de 2026
Sheinbaum propone fijar un tope equivalente al 50% del salario presidencial y redirigir hasta 5 mil millones de pesos anuales a programas del Bienestar.

El gobierno federal alista una reforma constitucional para eliminar pensiones consideradas “exorbitantes” entre exfuncionarios de alto nivel y establecer un límite máximo vinculado al salario de la persona titular del Ejecutivo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado una iniciativa para modificar el artículo 127 de la Constitución y fijar un tope que, en la práctica, reducirá significativamente los montos actuales.
La medida forma parte de la política de austeridad del actual gobierno y pretende liberar recursos públicos para destinarlos a programas sociales.

Tope a pensiones: máximo 50% del salario presidencial
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la reforma busca eliminar privilegios en pensiones de altos mandos de confianza que, en algunos casos, superan el millón de pesos mensuales.
“La modificación es en un párrafo en el artículo 127 constitucional que tiene que ver con pensiones y privilegios. Es decir, exfuncionarios de altos mandos en la actualidad reciben pensiones onerosas y a partir de la aprobación de la reforma, recibirán la mitad del ingreso del titular o la titular del ejecutivo”, explicó.
De aprobarse, ninguna pensión de este tipo podrá exceder el 50% del salario presidencial. Con base en las percepciones actuales, el límite quedaría alrededor de 70 mil pesos mensuales.
La presidenta subrayó que la reforma no afectará derechos adquiridos previamente ni contratos colectivos. “Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos”, sostuvo.
Ahorros estimados y destino de los recursos
El Ejecutivo calcula que el ajuste permitiría recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos anuales. Dichos recursos serían redirigidos a los Programas para el Bienestar.
Sheinbaum insistió en que el cambio se aplicará únicamente a trabajadores de confianza de altos mandos y no a personal sindicalizado o con contrato colectivo. Además, recordó que al tratarse de una reforma constitucional, una vez aprobada no podría ser revertida mediante amparos.

Pensiones millonarias en empresas públicas
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un diagnóstico sobre pensiones en entidades públicas y señaló que el gobierno detectó pagos “exorbitantes” en diversos organismos.
Uno de los casos más significativos es el de Luz y Fuerza del Centro en liquidación, donde existen más de 14 mil jubilados que generan un costo anual superior a 28 mil millones de pesos.
De ellos, 9 mil 457 perciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales y a una parte se le subsidia el ISR con recursos públicos. Además, 3 mil 504 reciben montos superiores al sueldo neto de la presidenta.
En Petróleos Mexicanos se identificaron 544 pensionados con ingresos mayores a los de la titular del Ejecutivo, lo que representa 1,827 millones de pesos al año. En total, la empresa paga más de 22 mil millones de pesos anuales en jubilaciones de personal de confianza.
Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad mantiene un padrón de más de 54 mil jubilados por el régimen de confianza con un costo anual cercano a 49 mil 950 millones de pesos. Dentro de este universo, 2 mil 199 personas reciben montos superiores al salario presidencial, equivalentes a 4 mil 496 millones de pesos al año.
Otros organismos con pensiones superiores al salario presidencial
El diagnóstico también detectó casos en la banca de desarrollo y organismos financieros del Estado:
- En Nacional Financiera, nueve personas pensionadas superan las percepciones presidenciales.
- En Banobras, 19 jubilados reciben más que la titular del Ejecutivo.
- En Bancomext, 22 pensionados perciben ingresos por encima del salario presidencial.
En conjunto, estos casos representan decenas de millones de pesos anuales en pensiones superiores al tope propuesto.
Principios de la reforma y alcance
La consejera jurídica del Ejecutivo, Esthela Damián, explicó que la iniciativa se sustenta en tres ejes: austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidad financiera.
La propuesta aplicaría a organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. El objetivo es homologar criterios y eliminar beneficios que superan los ingresos de funcionarios en activo.

Envío al Senado y debate legislativo
La iniciativa será enviada al Senado en los próximos días para su discusión. La presidenta adelantó que la reforma aplicará únicamente a partir de su eventual aprobación por el Congreso.
“Quiero dejar muy en claro que no tiene que ver con trabajadores y trabajadoras con contratos colectivos… Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos o sea recursos del pueblo les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, enfatizó.
Con esta medida, el gobierno busca cerrar uno de los últimos espacios de privilegios dentro del sector público y redirigir recursos hacia programas sociales, en línea con la política de austeridad impulsada desde la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador y continuada por la actual administración federal.
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